El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la Mesa General de Negociación, salvo Intersindical Valenciana (IV), para devolver a los empleados públicos los 44 días devengados de la paga extra de diciembre de 2012 –hasta la entrada en vigor del decreto que la suprimió– «como máximo en la nómina de enero de 2015».
En declaraciones a los periodistas tras suscribir ese documento con los representantes de UGT-PV, CCOO PV, CSI·F y FSES, Moragues ha destacado que «es un buen acuerdo y una buena noticia» y lo ha vinculado con la apuesta del Consell «por el diálogo social y la negociación colectiva» y con su «compromiso de mejorar las condiciones de los empleados públicos».
Al respecto, defiende que la Generalitat ha «mostrado valentía y una posición política en el sentido de reconocer esas cantidades y retornarlas» a cerca de 130.000 empleados públicos en la Comunitat, tanto funcionarios como estatutarios y laborales, lo que podría suponer un desembolso de «entre 50 y 60 millones de euros».
Moragues remarca que «el compromiso es satisfacerlos en enero de 2015», tras reflejar esos pagos en los presupuestos de la administración autonómica del año que viene, aunque «si hubiese algún instrumento o posibilidad de hacerlo antes, se haría».
Entre las particularidades del acuerdo, ha indicado que a los trabajadores de justicia se les devolverá toda la extra, ya que en su caso se suprimió esa paga mediante una modificación normativa que entró en vigor después de haberse devengado la extra, y que al personal laboral le corresponden los 14 días de julio.
En cuanto a las personas que tuvieran derecho a esa paga pero no figuren en la relación de trabajadores de la Generalitat en el momento de efectuar el reembolso, se ha habilitado un «procedimiento de comunicación de esa incidencia», que afecta a trabajadores jubilados, que hayan cambiado de trabajo o fallecido.
«No será propiamente una solicitud porque entonces parecería que si no se solicita no se tiene derecho, sino una simple comunicación, lo que no quita que la Generalitat también comprueba quien tenía derecho y ahora no está en la relación de personal laboral», aclara.