Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes al ex político y banquero José Luis Olivas junto a otras ocho personas en el marco de la denominada ‘operación Coral’. Están acusados de diversos delitos de corrupción derivados de actividades desarrolladas por Bancaja y Banco de Valencia, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Olivas, quien fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2003 por el Partido Popular en sustitución de Eduardo Zaplana, fue presidente tanto de Bancaja como de Banco de Valencia. El resto de detenidos son también ex altos cargos de ambas entidades y dos empresarios. Los arrestos han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca. Además se han practicado seis registros en domicilios y empresas de Barcelona y Valencia.
Un total de nueve detenidos
La Guardia Civil ha confirmado esta operación por medio de un comunicado en el que no cita las identidades de los detenidos, pero sí precisa los delitos que se les imputan presuntamente: apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
La investigación se inició en el año 2014 como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A., tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. En ésta, se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mejicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.