La detención del ex secretario general del PP Madrid, Francisco Granados, se ha producido este lunes en el marco de una macrooperación contra la presunta corrupción municipal y se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, Comunidad Valenciana, León y Murcia.
La operación en Valencia, por el momento, se ha saldado con la detención del empresario Alejandro de Pedro Llorca y uno de sus socios. La Guardia Civil terminó a última hora del lunes el registro de la sede de la empresa EICO, ubicada en el centro de la ciudad de Valencia, tras más de doce horas y se lleva detenido al socio del empresario Alejandro de Pedro Llorca, quien ya había sido detenido este lunes en el marco de la operación ‘Púnica’, desarrollada por la Benemérita en Madrid, Valencia, León y Murcia, según han informado los agentes al finalizar el registro.
Alrededor de las 9.00 horas comenzó la intervención de la Guardia Civil y a las 21.50 finalizaron sus pesquisas en esta compañía. Los dos detenidos han salido del edificio donde se encuentra la oficina con los rostros cubiertos por sus chaquetas.
Los efectivos se han llevado de la compañía varias cajas a lo largo del registro y, pasadas las 17.00 horas, dos agentes han sacado detenido al socio, quien se cubría el rostro con una chaqueta, y le han introducido en un vehículo camuflado aparcado enfrente de la puerta.
Otras fuentes señalan que el empresario detenido, Alejandro de Pedro Llorca, ha permanecido en el edificio mientras se llevaba a cabo el registro y se lo han llevado al acabar, alrededor de las 21.50 horas. El detenido ha salido también con el rostro tapado con una chaqueta.
De Pedro Llorca ha pasado por empresas como Tissat, Web to Web y Libertas Consultores S.A., todas ellas relacionadas con la consultoría de servicios y soluciones informáticas. En la última fue responsable la delegación en Valencia y de las cuentas de la Administración Pública en Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Teruel y Región de Murcia.
Después pasó por otras empresas y en 2010 fundó EICO, una consultoría dedicada a la reputación e identidad digital de personas, organismos públicos y marcas privadas. Fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales de 2011.
La Guardia Civil ha desplegado un total de 15 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macroperación Púnica dirigida contra 51 personas.
MÁS DETENCIONES
También han detenido en este lunes, junto a Granados, al presidente de la Diputación de León,Marcos Martínez, -sucesor de la presidenta asesinada hace unos meses, Isabel Carrasco- y hasta seis alcaldes de poblaciones madrileñas. El alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE) -precisamente sucesor de Tomás Gómez-, el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), el de Casarrubelos, David Rodríguez (PP), el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (UPMA) y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP). Además, también ha sido puesto a disposición judicial el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso (PSOE).
Cabe destacar que el juez que instruye este caso es Eloy Velasco, quien trabajó de alto cargo en la Generalitat Valenciana, en la época que la presidía Eduardo Zaplana.
Según la Fiscalía Anticorrupción, también se han dirigido 400 mandamientos a entidades bancarias, 259 mandamientos a registros de la propiedad y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
En su comunicado, el Ministerio Público habla de «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías con la connivencia de ediles municipales, funcionarios, empresarios de constructoras, obras y servicios energéticos».
La trama en la que ha sido detenido Granados -junto a otras 50 personas- firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.
La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas «por sospechas graves de blanqueo», que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, «quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año».
DELITOS QUE SE LES IMPUTAN
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación, Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto «la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos».
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado más de 250 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o
enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Tanto la cúpula del PP como la del PSOE han anunciado la expulsión inmediata de los militantes acusados de participar en esta trama de corrupción.