Los sindicatos de UGT, CCOO, CSIF y los partidos políticos de PSPV-PSOE, Compromís y EU han alertado este miércoles de que el proyecto de Ley para la Administración Local que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el año supone el mayor «ataque» a la democracia y a la autonomía local, la «destrucción» de multitud de servicios públicos, fundamentalmente en materia social, y de cerca de 25.000 empleos directos e indirectos en la Comunitat Valenciana.
Así lo pusieron de manifiesto representantes del ámbito municipal de los seis partidos políticos y organizaciones sindicales en la rueda de prensa de presentación de la ‘Trobada pel municipalisme’ (Encuentro por el municipalismo) convocada para este sábado 30 de noviembre en el teatro Tívoli, a las 11.00 horas, y a la que han invitado a asistir a toda la ciudadanía.
La futura norma, según Estefanía Candel (EUPV), «criminaliza a los ayuntamientos», quitándoles competencias cuando su deuda supone «solo» el 5% del déficit global. «Lo que necesitamos es una reforma más cercana a la ciudadanía, no más lejana que es lo que hace el PP».
Desde el PSPV-PSOE, Concha Andrés lamentó el «ataque e invasión» de la futura ley a las competencias de los consistorios en materia de servicios sociales, Sanidad y Educación. «En la Comunitat Valenciana podemos ponernos a temblar si tenemos en cuenta su deuda autonómica y que ahora estas competencias pasan a la CCAA. Si no tiene recursos económicos, en un tiempo la consecuencia va a ser la desaparición de muchos servicios públicos a los ciudadanos», como son la atención de ayuda a domicilio, a la violencia de género o escuelas de adultos e infantiles, ejemplificó.
Se pasa a un modelo de «concentración» de servicios, sobre todo en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que quedan «supeditados» a las Diputaciones, «instituciones muy cuestionadas en estos momentos», apuntó Andrés, ya que a su entender «deberían desaparecer». En concreto, hay 542 municipios en la Comunitat, de los cuales 478 (el 88%) tienen menos de 20.000 habitantes, lo que supone el 71% de la población.
En la misma línea, Teresa García (Compromís) ha señalado que el modelo «recentralizador» de la reforma afectará «los servicios de proximidad» y «desmantelará» el estado de bienestar a nivel local.