“La corrupción podría haber costado a Valencia 700 millones de euros en la contratación pública”. El grupo parlamentario de Podemos en las Corts ha comunicado que “pretenden una igualdad de oportunidades para las empresas valencianas que optan a los concursos de contratación pública«. Para ello, han informado de que se encuentran en el proceso de creación de un paquete de iniciativas que permita llevarlo a cabo. Así lo han explicado en un comunicado.
David Torres, el diputado de Podem en la cámara autonómica, ha señalado la necesidad de “revisar todos los procesos de contratación”. El objetivo, según ha explicado, es “impedir que se vuelvan a repetir situaciones como las que hemos visto en los casos Gürtel y Púnica, en los que prácticamente sólo accedían empresas con vinculaciones al Partido Popular«.
De este modo, Torres ha preguntado al conseller de Economía sobre si tiene prevista alguna medida “concreta y específica” que esté dirigida a “evitar el clientelismo y la corrupción en estas concesiones”. “La corrupción ha absorbido millones de euros que son necesarios ahora en la Comunitat para servicios básicos”, ha aseverado.
«El asunto cobra una relevancia especial si tenemos en cuenta las últimas cifras aportadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia”, se han manifestado desde Podem. Sobre esto, han destacado que esta valoración de la CNMC sobre el coste que la corrupción podría tener en la contratación pública de todo el país, ha sido de 48.000 millones de euros.
Concretamente, respecto a Valencia, esta cantidad podría situarse en torno a la cantidad de 700 millones de euros al año. Según ha señalado el grupo parlamentario en un comunicado, “sería un dinero que supondría el sobrecoste estimado por la corrupción y el clientelismo”.
Por último, Torres también ha recalcado la “falta de transparencia” en las contrataciones en Valencia, lo que, según ha explicado «ha podido suponer un sobrecoste del 25 por ciento de las mismas”. Sobre las medidas que desde el grupo se están realizando, Torres ha declarado que “fomentarían la transparencia, la publicidad, la competitividad efectiva y la evaluación de la eficiencia económica de los contratos, de forma que sean las mejores empresas, las más transparentes y las que presenten mejores opciones las que consigan los contratos, no aquella que tengan como mérito la cercanía al poder».
Texto: Paula Cantó