Los votos en contra de los diputados del PP han rechazado este jueves en el pleno de las Corts la creación de una comisión de investigación, solicitada por EUPV, que investigue tanto el proceso de elaboración y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante como el Plan Rabasa, en los que está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea.
La diputada de EUPV Esther López ha subrayado que se deben dirimir las posibles «responsabilidades políticas de los presuntos amaños que están siendo investigados judicialmente». A su juicio, «por higiene democrática» se debe hablar del PGOU, de Rabasa y de la ATE.
Esther López ha señalado que Sonia Castedo está «doblemente imputada» pero, sin embargo, Fabra «solo dice que no la presentarán en las listas electorales», a pesar de que están en cuestión «muchísimos delitos» como «prevaricación, cohecho y tráfico de influencias».
Por parte del PP, el diputado Antonio Lorenzo ha indicado que los tres elementos que pide investigar EUPV «no tienen que ver entre sí». En concreto, ha señalado que el Plan Rabasa «es ambicioso, pero es el propio ayuntamiento el que determina el interés del mismo para que pueda beneficiar a la ciudadanía». Ha comentado que fue anulado por una sentencia, por lo que «los jueces tienen que determinar si tiene o no continuidad».
Respecto al PGOU, ha indicado que «es un elemento esencial para la evolución del territorio de Alicante», mientras que de la ATE ha dicho que «es una actuación que puede dar muchas posibilidades a la ciudad». «Si se detecta alguna irregularidad que la determinen los jueces, no ustedes», ha resaltado.
La parlamentaria de EUPV ha indicado que «la ATE de Ikea podría ser la consecuencia delictiva que se inició con el Plan Rabasa», mientras que el representante del PP ha destacado que esta actuación «genera riqueza y empleo, y eso no se puede perder, menos en estos tiempos».