El PP y el PSPV en las Corts han votado a favor de la proposición de ley presentada por los ‘populares’ para modificar la Ley de Caza para modificar el texto a las exigencias del convenio firmado entre diversas comunidades autónomas –Castilla-La Mancha, Castilla y León. Extremadura y Madrid– con el Ministerio de Agricultura, al objeto de adherirse a la emisión de licencias únicas de caza.
Además, el texto señala que «paralelamente está en proyecto la norma que regula las pruebas de aptitud» que deberán superar quienes quieran adquirir una licencia de caza.
La modificación de la Ley de Caza se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de lectura única, por lo que ha cabido la posibilidad de presentar enmiendas, lo que ha motivado las críticas de los grupos de la oposición, que han rechazado esta iniciativa legislativa del PP.
Además, desde la oposición se ha criticado, que hace casi once años que se aprobó la Ley de Caza de la Comunitat y, desde entonces «las pruebas aún no se han previsto y no son exigibles a quienes se sacan las licencias», ha criticado el socialista Francesc Signes, quien ha dicho que este «atraso en la convocatoria de pruebas de aptitud ha tenido consecuencias tan nefastas, como la inseguridad jurídica de aquellos que año tras año han practicado la caza autorizados por la administración, deberían pasar un examen».
Además, ha reprochado a la Conselleria «el descontrol de las licencias» y que se haya «consentido una situación de ilegalidad y excepcionalidad para aquellas personas que desde 2004 se han sacado la licencia y deberían haber pasado una prueba».
El Consell, cuando anunció el pasado mes de febrero la emisión de licencias únicas de caza y pesca, aseguró que «evitará que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada comunidad autónoma en donde deseen realizar estas actividades, al tiempo que redundará en una mayor eficiencia administrativa y del gasto en cada una de las administraciones que suscriban este protocolo». Además, las pruebas abren la puerta a los cazadores valencianos a practicar esta actividad en otras comunidades.
El protocolo de colaboración entre el Ministerio y las autonomías antes mencionadas, firmado el pasado año permite la adhesión de otras autonomías siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las comunidades autónomas firmantes, «uno de ellos era someter a examen a los cazadores para realizar la actividad cinegética».