Isabel Bonig, presidenta PPCV

PPCV presenta una Proposición No de Ley defendiendo el trasvase Tajo-Segura

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en les Corts para que todos los grupos defiendan el trasvase del Tajo-Segura. Según su presidenta Isabel Bonig hay que «sacarlo de la contienda política y pedirle al gobierno de España que continúe con las infraestructuras previstas”.

También pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha, en referencia a la impugnación de la orden del trasvase de 20 hectómetros cúbidos de agua, «retire cualquier recurso ante esta orden porque sería reabrir la guerra de agua y eso sólo lleva al enfrentamiento y el empobrecimiento de los territorios», y que no van a permitir «que el agua siga siendo motivo de enfrentamiento entre españoles y comunidades«.

Bonig ha recordado que «el Memorándum del trasvase Tajo-Segura supuso un hecho histórico después de una guerra política» y que ese acuerdo «supuso que el agua venía del Tajo al Segura, y no gratis» y que a los valencianos no les han «regalado nada», pagan esa agua.

Y no ha faltado hacer una referencia al presidente de la Generalitat, Ximo Puig que en 2013 votó en contra de la Ley de Evaluación Ambiental, que daba rango de ley al Memorandum, de la misma manera que su consellera de Sanidad, Carmen Montón. Ante esto ha manifestado el deseo de que Puig y Compromís, «esté a la altura de las circunstancias y defienda el agua que es igual de importante que la financiación, y que se pongan al lado de los regantes, agricultores y de la sociedad valenciana».

Aprovechando la tesitura, la presidenta del PPCV ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo de su partido, y ha manifestado que durante los veinte años que han estado en el poder, «junto al Estado y Comunidades de Regantes», han invertido más de 1.500 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, «el 70% del regadío está modernizado y el 60% de agua se reutiliza depurada». Y ha criticado las acciones del PSOE en la Comunitat porque según dice «se construyeron cinco desaladoras, con una inversión de más de 500 millones de euros, que no se han podido poner en marcha por el alto coste del agua desalada».

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