Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han reivindicado este miércoles, 29 de octubre, en un manifiesto en A Coruña una reforma integral de la Justicia con medidas para la agilización de procesos, sobre todo en casos de corrupción y han propuesto reducir el número de aforados. Los magistrados han reconocido que la Justica es el factor clave para la regeneración democrática y solicitan a los políticos un Pacto de Estado.
Durante estos tres días se ha celebrado una cumbre de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia en Galicia que ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Dicha reunión anual ha finalizado este miércoles con una declaración final de intenciones.
Los magistrados, entre los que se encuentra la presidenta del TSJCV, María Pilar de la Oliva, reclaman una planta y demarcación judicial más racional y otro modelo de proceso penal que pueda combatir “las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones”.
De manera concreta, en dicho manifiesto piden medidas legislativas y medios personales y materiales para impulsar y agilizar los procesos complejos, especialmente los que se siguen por delitos de corrupción, y proponen reducir el número de aforados y limitar esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
Los presidentes de los TSJ consideran a la Justicia “factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción”.
MEDIDAS IMPRESCINDIBLES
En la declaración aprobada al término de la reunión sobre la nueva organización judicial, los presidentes de los TSJ consideran que “la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar esa regeneración”.
Esa reforma, añaden, debe basarse en una nueva planta y demarcación judicial “más racional y eficiente” y en otro modelo procesal penal, “que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas”.
Tras poner de manifiesto que los jueces actualmente siguen trabajando “en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas”, también han reclamado a los representantes políticos un gran pacto por la Justicia y actuar legislativamente respecto de determinadas áreas organizativas y de agilización procesal concretas, en la confianza de que “mejorar la Justicia hoy es posible”.
ERRADICAR RETRASOS
Entre las propuestas de medidas organizativas acordadas figuran la adopción de medidas legislativas que impulsen y agilicen los procesos complejos –principalmente de corrupción-, así como la dotación de medios personales y materiales que permitan que las instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de las garantías de víctimas y acusados.
“Las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”, señala el documento de conclusiones, que considera imprescindible mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados.
Otras medidas dirigidas a erradicar los retrasos en la Administración de Justicia son la extracción de los Juzgados de los procedimientos penales sin autor conocido –se propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en estos casos el atestado se remita solo al fiscal-, la despenalización de las pequeñas infracciones o faltas e impulsar soluciones como la mediación.
COMPETENCIAS DE LOS TSJ
Los presidentes de los TSJ consideran que, veinticinco años después de su creación, sigue habiendo deficiencias regulatorias sobre las funciones y competencias de estos y proponen, entre otras reformas legislativas, una reforma urgente y en profundidad del aforamiento procesal ante la Sala Civil y Penal de los TSJ, reduciendo al máximo el número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio de la función y durante el ejercicio del cargo.
PARTIDOS JUDICIALES
En cuanto a la planta y demarcación judicial, los presidentes de los TSJ estiman necesaria una reforma legal inmediata “que posibilite que los actuales partidos judiciales superen definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, lo que impide y dificulta enormemente compartir recursos e información”.
También abogan por ampliar la competencia territorial de los actuales juzgados exclusivos de violencia contra la mujer a fin de mejorar la respuesta ante esta lacra social, dotándolos de todos los recursos y medios necesarios para el ejercicio de su función.