A través de una moción conjunta, los opositores al Ayuntamiento de Valencia han solicitado la retirada de la Medalla de Oro concedida por esta ciudad a Francisco Franco en 1942. Esta iniciativa viene firmada por los ediles Salvador Broseta, del PSPV; Pilar Soriano, de Compromís, y Amadeu Sanchis, portavoz de EU y se propone después de que el pasado mes de marzo, la alcaldesa Rita Barberá señalara que no tiene ningún inconveniente en retirar esta distinción al dictador si se llevaba a cabo el «procedimiento interno» establecido en el consistorio.
El PP defendió que acuerdos de este tipo se adopten «con normalidad» y recordó que dicho procedimiento establece, como recogen los acuerdos municipales adoptados al respecto, que este tipo de iniciativas se planteen primero en la Comisión de Cultura y que tras debatirse en ellas el acuerdo alcanzado se lleve al pleno para tratarlo.
Este debate se planteó en la sesión plenaria de marzo a partir de una moción presentada de manera conjunta de PSPV, Compromís y EU para «dejar sin efecto la concesión de la Medalla de Oro» de la ciudad a Franco. Así, atendiendo a lo apuntado en ese pleno los tres grupos de la oposición han decidido presentar de nuevo la propuesta pero dirigiéndola primero a la Comisión de Cultura.
En la exposición de motivos de la moción, los socialistas, Compromís y EU explican que «el 25 de marzo de 1942, mientras el poeta Miguel Hernández agonizaba en el Reformatorio de Adultos de Alicante, el Ayuntamiento de Valencia, presidido por el Barón de Cárcer, jefe regional del Movimiento, acordaba otorgar a Franco la Medalla de Oro de la ciudad».
Asimismo, apuntan que «el 1 de mayo de 1939, el Ayuntamiento ya había concedido al dictador la Alcaldía Honoraria con motivo de su visita a Valencia para presenciar el desfile de la Victoria».
Los tres grupos de la oposición justifican su petición para retirar la distinción a Franco en la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica –la Ley 52/2007, de 26 de diciembre–, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».
De este modo, comentan que esta ley «dice que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura» franquista. Los tres grupos de la oposición subrayan que «entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».
COMISIÓN CONSTITUCIONAL
Igualmente, PSPV, Compromís y EU argumentan en el texto remitido a la Comisión de Cultura que esta ley «atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que el
20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos».
En este punto, agregan que esto «merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática» y recuerdan también la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006.
Por otro lado, respecto a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Valencia en este ámbito, los tres grupos de la oposición señalan en su propuesta que el pleno del 28 de septiembre de 2012 «aprobó una moción por la cual cualquier grupo político o miembro del consistorio, cuando se detectara la presencia en la ciudad de algún símbolo que atentase contra la Ley 52/2007, podría trasladarla a la Comisión de
Cultura y Educación para que ésta tomase un acuerdo para que se cumpla la referida ley».
«RESPECTIVOS EXPEDIENTES»
No obstante, critican que «al amparo de esta ley, cuando en octubre de ese mismo año se presentó una moción proponiendo, entre otras cuestiones, que se dejara sin efecto el nombramiento honorífico de
alcaldía honoraria, hijos adoptivos, medallas de oro o hijos predilectos, el PP aprobó en solitario una moción alternativa pidiendo que se aportaran «los respectivos expedientes individualizados que se instruyan para llevar a efecto el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y los pertinentes informes históricos y jurídicos de instituciones oficiales y personas».
PSPV, Compromís y EU explican que atendiendo a esta premisa solicitaron en su momento a la Facultad de Geografía e Historia y a la Facultad de Derecho de la Universitat de València informes sobre el asunto referido para retirar distinciones de origen franquista.
De esta manera, precisan que respecto a la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Franco el informe del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia era «concluyente».
En este punto, recuerdan que decía que «como suprema autoridad de los sublevados, y posteriormente Jefe del Estado, fue el máximo responsable de la ejecución de al menos 90.000 personas por motivos políticos entre 1936 y 1939, y de al menos 50.000 una vez finalizada la guerra civil y a lo largo de su dictadura hasta su fallecimiento en 1975». Igualmente, atribuía al dictador «el encarcelamiento de otros cientos de miles o las condenas y torturas físicas, trabajos forzados, sanciones económicas, depuraciones laborales y otros mecanismos punitivos».