La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, considera que hablar de deuda histórica «no toca» en el momento actual y ha animado a «poner todo el esfuerzo» en mejorar el modelo de financiación, para que sea «justo y equitativo» para la Comunitat.
Así se ha expresado Sánchez de León a preguntas de los asistentes en el Fórum Europa Tribuna Mediterráneo, donde se ha mostrado convencida de que será el Gobierno de Mariano Rajoy el que «ponga fin a la deficitaria situación económica de la Comunitat Valenciana».
Respecto a la deuda histórica, ha respondido que «no es lo que toca en este momento». A su juicio, hay que «poner todo el esfuerzo en que se ajuste la financiación a lo que nos corresponde y nos toca para equipararnos a cualquier otro territorio de España».
Durante su intervención, Sánchez de León ha confesado que el «peor momento» que ha tenido en este cargo fue al principio de acceder a él por las protestas estudiantiles de la conocida como ‘Primavera Valenciana’, de la que se cumplen ahora dos años. La delegada del Gobierno ha criticado a quienes «utilizaron mezquina y políticamente» esas manifestaciones, denunciando que «algún dirigente de algún partido», animaba «a los representantes de los estudiantes a que se movilizaran».
La delegada ha asegurado que ella hace «autocrítica» de ese momento y ha pedido que también la hagan quienes «utilizaron mezquina y políticamente esa situación». Asimismo, ha indicado que intentó reunirse «con todos los representantes políticos para buscar una solución de consenso y de diálogo», pero «no fui capaz de lograrlo».
Apoyo a la Ley de Seguridad Ciudadana
En otro momento de su intervención ha subrayado que las medidas de ajuste que el Gobierno «no tuvo más remedio que adoptar» generaron «un clima de conflictividad». Al respecto, ha puntualizado que sólo en la ciudad de Valencia se produjeron en 2013 más de 1.400 manifestaciones y concentraciones, «casi un 50 por ciento más que en 2011».
Paula Sánchez de León ha defendido el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Gobierno y ha rechazado que incluya «medidas reaccionarias». «No significa sancionar más, sino sancionar mejor y con más garantías», ha apostillado.
Del mismo modo, ha explicado que «no se limita el derecho de manifestación», sino «sólo las acciones violentas o agresivas que se producen». Además, ha resaltado que incorpora «principios como el de proporcionalidad, mínima injerencia de la acción policial o no discriminación».
En su opinión, «se confunden quienes quieren hablar de represiones o persecuciones y quienes quieren generar dudas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en anteproyecto».
La delegada ha señalado que en el ordenamiento jurídico español «existen límites al ejercicio de los derechos de manifestación y de concentración» y, en esta línea, ha subrayado que «manifestarse no es volcar contenedores, romper lunas de comercios o cortar calles».