El anuncio de Londres se produce en pleno conflicto diplomático con España por la situación en Gibraltar, si bien el ministerio de Defensa británico ha dejado claro que el despliegue de la fragata ya estaba previsto con anterioridad. Después de la conversación que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, este viernes ha sido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien ha insistido en que ambos son países aliados que siempre han resuelto sus diferencias mediante el diálogo.
No obstante, Ayllón ha dejado claro que el Ejecutivo no cejará en su responsabilidad de defender los intereses de los españoles. «Nosotros evidentemente nunca relajamos nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de defender la seguridad y los intereses de los españoles, pero nuestra voluntad de diálogo con todos los países amigos evidentemente continúa», ha subrayado en los pasillos del Congreso.
Precisamente la tensión en Gibraltar será uno de los asuntos que analizan este viernes Rajoy y el Rey en el Palacio de Marivent, durante la habitual audiencia de todos los meses de agosto en Mallorca.
Desde Bruselas, la Comisión Europea también ha aplaudido la apuesta por el diálogo bilateral como método para solucionar los problemas entre España y el Reino Unido. «Toda solución es bienvenida para que los ciudadanos dejen de encontrar restricciones a la hora de cruzar la frontera», ha asegurado el portavoz de la Comisión Europea Frédéric Vincent. Vincent ha recordado que aunque Gibraltar no forma parte del área Schengen y España tiene la potestad de vigilar sus fronteras, «toda medida que puedan tomar las autoridades españolas en los controles debe ser proporcionada».
De hecho, y en respuesta a las quejas recibidas de parlamentarios europeos y ciudadanos, la Comisión enviará inspecciones técnicas sobre el terreno en septiembre.
Entretanto, el PSOE ha insistido en que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se ha equivocado en la gestión del conflicto con Gibraltar ya que las declaraciones públicas «se fueron de tono» y en vez de ayudar «elevaron el tono de la disputa». La exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez ha subrayado que aunque el PSOE apoya al Gobierno en la reivindicación de la soberanía de Gibraltar y en defender los intereses de España, no puede apoyar «una torpeza diplomática». «No midió bien al utilizar expresiones públicas verbales que se fueron de tono», ha asegurado la dirigente socialista en declaraciones a La Sexta.
Respaldo absoluto al Gobierno el del presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Diego González de la Torre (PP), que ha señalado que las relaciones entre la comarca y la colonia británica siempre han vivido «sus más y sus menos» pero que están más tensas que nunca desde la llegada del último ministro principal de la Roca, Fabian Picardo. Desde su toma de posesión, hace año y medio, ha venido «tensando la cuerda hasta el punto de destrozarles la vida a los pescadores que han venido faenando en los caladeros, en aguas españolas, que rodean la roca arrojando bloques de hormigón para impedir la pesca en esos lugares», ha denunciado.
Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y la central gibraltareña UNITE han suscrito un manifiesto conjunto en defensa de la «convivencia y buena vecindad» de la comarca del Campo de Gibraltar, apelando a su «frágil equilibrio». Las tres organizaciones sindicales señalan que los 7.000 españoles que cruzan cada día la frontera para trabajar «no pueden permitirse el lujo de volver a pagar los platos rotos de unas políticas que se dictan al margen de los intereses ciudadanos».
Desde las fuerzas de seguridad, el sindicato Unión Federal de la Policía (UFP) ha denunciado el acoso que sufren en los últimos días los agentes que cubren el servicio fronterizo con Gibraltar por parte del grupo «ultranacionalista» Defenders of Gibraltar, que anima a los gibraltareños a realizar «escraches» contra los policías.
Mientras tanto, la Corte de Magistrados de Gibraltar ha impuesto una multa de 1.200 libras (1.968 euros) a cada uno de los tres pescadores españoles detenidos ayer al ser interceptado un barco que llevaba tabaco de contrabando.