La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha decidido archivar la denuncia presentada por un particular contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por el pago de salarios a empleados de Radio Televisión Valenciana (RTVV) sin ir a trabajar al considerar que este hecho no reviste carácter de delito.
La decisión de la sala se ha adoptado siguiendo el criterio de la Fiscalía ya que ninguno de los dos órganos considera que los hechos denunciados son constitutivos del delito de malversación de caudales públicos que le atribuía el particular en la denuncia, según consta en el auto de este mismo jueves facilitado por el TSJCV.
En su criterio, el fiscal alegaba que de los datos contenidos en la denuncia «ya se especifica la ausencia del elemento subjetivo del tipo» puesto que el denunciante advierte de que la decisión sobre los hechos denunciados «no es tomada por el denunciado sino por la Dirección de RTVV» y añadía que resulta imposible la atribución subjetiva de autoría a quien no participa en la decisión.
La sala, siguiendo este criterio, archiva la denuncia por «inexistencia» de hechos que puedan ser constitutivos de delito ya que no se aporta un elemento que corrobore que la dirección de RTVV actuó a propuesta «directa» de Fabra y porque el presidente de la Generalitat no tiene a su cargo directo caudales o efectos públicos «sino que los tendrá la Dirección concreto responsable de la referida RTVV».
SOSTENÍA QUE EL PERMISO ERA «ILEGAL»
El juzgado de instrucción número 20 de Valencia había incoado diligencias previas tras recibir una denuncia de un particular contra Fabra y posteriormente las remitió al TSJCV con informe favorable del fiscal. En la denuncia, esa persona pedía al órgano competente que se comprobara la «ilegalidad» del permiso retribuido concedido a los trabajadores de RTVV –sin emitir desde el 29 de noviembre pasado–, la imposibilidad de calificación como salario de las cantidades abonadas y el «fraude ante la Seguridad Social por simulación de contrato».
Entre otras peticiones, el denunciante solicitaba la testifical del representante de RTVV para que indicara las motivaciones recibidas para «asumir» las «ilegales medidas»; la declaración de Fabra para que detallara las actuaciones ordenadas tras el cierre y reclamaba que las cantidades «ilegalmente abonadas» fueran «detraídas» de los bienes particulares del presidente de la Generalitat como responsable.