El diputado de EU Ignacio Blanco subió este jueves a la tribuna de oradores de Les Corts a romper la carta que el secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, había enviado a su grupo con una propuesta de negociación sobre la reforma electoral planteada hace unas semanas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El gesto del parlamentario de la oposición, que realizó durante un debate sobre la transparencia del Gobierno valenciano, pretendía ser una queja contra la “opacidad” del Consell.
La escenificación de Blanco desató las críticas del PP y relegó a un segundo plano la discusión, que se saldó con 44 votos en contra de la iniciativa que pedía instar al Consell a facilitar la información solicitada por los parlamentarios de la Cámara autonómica. La diputada popular Elena Bonet lamentó que la acción de Blanco demuestra que “no tienen interés de hablar de transparencia, de la reforma de la Ley Electoral, ni de ninguna cuestión que interese a los valencianos”.
Las reacciones se sucedieron a lo largo del día. La vicesecretaria de Organización del PP valenciano, Marisol Linares, lamentó que “la falta de democracia y el radicalismo de EUPV les lleven a pisotear los intereses de los ciudadanos como ha evidenciado hoy el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, con la ambición personal y el afán de protagonismo demostrado en Les Corts”.
También el portavoz del grupo popular en Les Corts, Jorge Bellver, aseguró que “la izquierda radical rompe papeles igual que fractura gobiernos y quiebra la sociedad del bienestar”. “Sus tropelías, sus desmanes, su falta de respeto por las normas básicas de convivencia y también por las leyes les convierten en un auténtico peligro para la sociedad y para la estabilidad y seguridad jurídica que debemos garantizar a los ciudadanos”, señaló.
Por su parte el diputado de Compromís Fran Ferri echó más leña al fuego durante el debate al advertir al Consell de que, en unos meses, “puede acumular cerca de 50 sentencias por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados”. En este sentido, se preguntó: “¿qué hacen con tantas sentencias? Puede que las utilicen para hacer papel del váter o los sobres que se reparten”, apostilló.
La proposición no de ley de EU contó con el voto a favor de la oposición para exigir al Consell que aporte la información que los diputados solicitan salvo que existan “razones fundadas en derecho que lo impidan”. La iniciativa también pedía a la Generalitat que no recurra las sentencias del TSJCV que ya han estimado los recursos de los parlamentarios por vulneración del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución. Asimismo reclamaba que, cuando se condene en costas a la administración, sean las autoridades que ostentan el cargo quienes afronten ese pago.
El grupo de EU aceptó una enmienda de Compromís en la que pedía añadir que “se garantice el derecho de la ciudadanía a acceder a la información que solicite”. Por su parte la diputada del PSPV Ana Barceló coincidió con sus compañeros de oposición en que “por regla general, el Gobierno valenciano, cuando se trata de dar información a los diputados, dan la callada por respuesta“. “Aunque puede parecer que hablamos de una época pasada del gobierno del señor Camps, la opacidad se ha perfeccionado con el gobierno del señor Fabra”, manifestó.
