Una jueza avala una camiseta en la que se azota a Barberá

Las camisetas de Compromís siguen creando polémica. La magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Valencia ha anulado la decisión del pleno del Ayuntamiento de Valencia de reprobar al asesor de Compromís en el consistorio Guiseppe Grezzi por exhibir una camiseta en la que se le ve azotando a la alcaldesa, Rita Barberá. La jueza considera que con esta resolución se vulneró el derecho de libertad de expresión.

Así consta en una sentencia del pasado 14 de marzo, contra la que cabía recurso y en la que condena en costas al consistorio. De esta forma, estimó el recurso de Grezzi contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento en abril de 2013 por la que se reprobó la «conducta inapropiada» del asesor de Compromís y le recordaba las «obligaciones de conducta» que correspondían a «todo empleado público».

El activista de Els Verds lució una camiseta verde, que explica que le regaló una amiga ilustradora, en la que le retrataba como «el azote político de Rita Barberá». En la prenda se ve a Grezzi, montado en una bicicleta y fustigando con un látigo a la alcaldesa, que sostiene un bolso grande de Luis Vuitton.

Tanto Grezzi como el fiscal habían solicitado la nulidad de la reprobación al considerar vulnerado el derecho fundamental a la libertad de expresión, aunque el asesor alegaba además que la medida carecía de respaldo normativo, ya que no se dirigía a un concejal o alto cargo. Además la calificaba de «manifestación de censura política».

Por su parte, el consistorio se opuso al sostener que se había rebasado «con mucho» los límites de la libertad de expresión. En su día, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, le acusó de incitar a la violencia de género por mostrar la camiseta.

La jueza cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional para anular la reprobación y señala en la sentencia que actualmente «hemos de considerar superados los tiempos en que era exigible a los servidores públicos una lealtad acrítica«. Asimismo, añade que de las conductas imputadas al asesor no se deduce «ninguna de las circunstancias que generarían la posibilidad de una sanción disciplinaria», ya que no es funcionario público aunque sí que tenga un sueldo público. La magistrada tampoco cree que de la actuación de Grezzi «resulte comprometido el buen funcionamiento del servicio público ni puesta en entredicho la autoridad del Ayuntamiento».

En esta línea, sostiene que no se ha acreditado que sea una actuación «gravemente injuriosa ni ofensiva sino realizada dentro del devenir político y fuera de sus cometidos habituales como asesor» de otro grupo político distinto al gobierno de turno.

Grezzi, que reclama «una disculpa pública» por parte del PP y del equipo de Gobierno local, ha avanzado que destinará el dinero de las costas a asociaciones contra la violencia de género. En este sentido, ha exigido al Ayuntamiento que este gasto no salga del dinero público sino del bolsillo de los concejales populares.

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