Ayuntamiento de Valencia, investigados

Valencia suelta lastre a la europea

«Me gustaría seguir prestando estos servicios pero sin dinero, no puedo». Así se expresaba la pasada semana a los representantes de los vecinos de Valencia la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. Lo hacía sosteniendo en sus manos una tabla de tareas y áreas afectadas.

Se suma Valencia a una inclinación generalizada de los municipios a devolver funciones a las administraciones madre o, lo que es ya sinónimo en estos días, a liberarse de cargas, a soltar lastre. Y se abre un nuevo escenario en que junto a los miedos del ciudadano a perder soluciones cercanas, se plantea una reinvención administrativa para poner fin al gran monstruo: la duplicidad de competencias, innecesaria e insostenible.

Los ayuntamientos han vivido durante muchos años la gloria de prestar al ciudadanos servicios con una inmediatez y proximidad que -se decían- no podía ser comparable a la prestada por instancias superiores, tales como diputaciones y órganos autonómicos. Pero las deudas hoy por hoy se acumulan por años y las arcas  están muy resentidas.

Guillem Bertomeu, director Associació Valenciana de Consultors Polítics, da con la clave, en declaraciones a VLC News: «el problema no es de devolver competencias, el problema es de evitar duplicidades de competencias». Las Adminstraciones locales «son entes pro-activos y con capacidad de respuesta, son la Administración con mayor credibilidad y sólo pide que sus Administraciones superiores cumplan con las deudas que se tienen con ellas y por otra parte dejen de invertir en su propio municipio los deberes que han realizado a través de los Planes de Ajustes y de Saneamiento Financiero que se les ha impuesto desde el Gobierno Central«, continúa el experto.

En este año preelectoral, «el superávit generado por muchos ayuntamientos que han cumplido con los deberes económicos que se les ha impuesto, actualmente no saben si se va a  poder invertir en los propios ciudadanos o se destinará a amortizar deuda bancaria.  Es una gota más del ahogo con las que se trabaja desde los Ayuntamientos», continuó Bertomeu.

Javier Pinazo, abogado y profesor de Derecho Administrativo de Ciencas Políticas en la UCH Ceu San Pablo, precisa que esta tendencia que ahora parece estallar es una «dinámica que se viene gestando desde los años 80 en Europa». Por lo tanto, Valencia no hace sino posicionarse donde sus presupuestos se lo están permitiendo, como tantos y tantos otros.

Educación y Servicios Sociales son las partidas más relevantes económicamente junto a limpieza viaria y mantenimiento en los ayuntamientos,  matizó Bertomeu. Por ejemplo, en Educación, que es una competencia autonómica, «un ayuntamiento interviene  de diversas maneras como pueden ser en ayudas como el Bono escolar, compra del material escolar o en el mantenimiento de los centros como en los alrededores, tráfico, pintura vial, señalítica… donde la eficacia del resto de administraciones es nula», prosiguió.

«Estamos en un momento de redefinición», apuntó Pinazo, con una ley muy clara y explícita respecto a la problemática: «cada ayuntamiento tendrá unas competencias obligatorias conforme al número de habitantes del municipio. Si no puede sacarlas adelante, acudirá a una mancomunidad o su diputación provincial». Hacer desaparecer entes «cavernícolas», dejar en manos de sólo una administración determinadas competencias y servicios, ser eficientes y austeros y redefinir roles es parte del camino. Y Valencia, con Barberá al frente, ya ha empezado a lanzar el mensaje, sin que el color de las administraciones superiores sea freno para defenderlo.

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