En el seno de las asociaciones de vecinos de la ciudad se respiraba este martes una sensación agridulce, entre encendida y reposada. Tras la celebración (o no, mejor dicho) de diversidad de plenos de las juntas de distrito el pasado lunes, las reacciones se fueron dando de forma escalonada por parte de los grupos de la oposición y los representantes de los residentes de algunos barrios.
El grupo de EU en el Ayuntamiento animó al equipo de Gobierno a «ser valiente» y «disolver las juntas» a la vista de la convocatoria de los debates sobre el estado de cada distrito, a las 16 y 17 horas en su gran mayoría. Las condiciones de estas citas responden a que el «PP aprovecha su mayoría absoluta para concretar estos horarios imposibles parala participación ciudadana porque no cree en ella».
En esta línea se pronunció el grupo socialista tras su participación en los citados plenos: «el Partido Popular huye del debate porque no tiene nada que ofrecer ni proyecto para reactivar la economía, crear empleo, mantener los equipamientos públicos y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad”.
También Compromís quiso unirse en un comunicado a los dos anteriores grupos de la oposición criticando especialmente que «no se ha dado a los vecinos posibilidad de presentar mociones o preguntas».
Con todo, el PSPV anunció que presentará una moción al próximo pleno municipal «para revisar el reglamento de participación ciudadana y el de las juntas de distrito para evitar que vuelva a repetirse»
Por su parte, el equipo de Barberá no hizo nuevas manifestaciones más allá de las realizadas por parte de los concejales en representación en cada una de las juntas que se dieron lugar, apelando a la buena fe y gestión y en respuesta al respaldo en las urnas por parte de los ciudadanos.
Las asociaciones de vecinos de la ciudad (75 federadas en total) continuaron con su espíritu participativo un día después de la polémica, acudiendo a la sede de la Federación a votar por la nueva ejecutiva. Con este gesto respaldaron el programa de la reelegida presidenta, María José Broseta, que contiene entre uno de sus compromisos «estudiar los reglamentos para que no vuelva a darse esta situación y asegurarnos que se convocan en fechas, horas y formas adecuadas». El objetivo de Broseta es «fomentar la participación y el diálogo con la Administración y velar por los derechos e intereses de los ciudadanos».
La cuatro preguntas del Cabanyal
El caso del Cabanyal es una excepción, ya que el pleno extraordinario del Marítimo fue convocado las 19 horas y a propuesta de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar por la recogida de más de 2.000 firmas y para tratar cuatro puntos únicos.
Al contar con estas cuestiones con previsión, los representantes del Gobierno municipal dieron lectura a cada una de las respuestas preparadas, sin opción a réplica, y las entregaron en un documento al final de la cita. Las cuestiones, como hemos venido contando en este periódico, versaban principalmente sobre el tráfico de drogas y la ocupación de inmuebles, la suciedad del barrio, el bloqueo de licencias y las circunstancias actuales del Plan + Cabanyal y el Pepri.
A los vecinos no les ha parecido suficiente cada argumentación, según afirmaron este martes, ya que el Ayuntamiento afirma limpiar «los solares abiertos y asfaltados una vez a la semana» y «trimerstralmente los cerrados de propiedad municipal y los abiertos de propiedad privada», en contra de la apreciación vecinal. Sobre este tema el Consistorio explicó tener 11 expedientes abiertos y en tramitación por la acumulación de basuras en recintos cerrados privados.
También dieron respuesta a la cuestión de ocupación de viviendas, aduciendo a la variabilidad de la cifra y la complejidad de detección. Sin embargo, concluyeron que existen alrededor de 70 inmuebles ocupados de titularidad municipal (que en ocasiones se reduce a 20 dadas las actuaciones policiales) y alrededor de otras 50 de titularidad privada.
Además, el escrito aprovecha para explicar el procedimiento de actuación para el desalojo, diferenciando de si se trata de un inmueble municipal o no, recurriendo en el segundo caso a la notificación de los titulares y tramitando la orden de desalojo correspondiente. En caso de propiedad municipal, dicen, en numerosos casos se procede además al tapiado, precintado, apuntalamiento o, incluso, derribo según los casos.
La ocuación de viviendas se produce principalmente por grupos y familias «de nacionalidad extranjera» y en el entorno de las calles Escalante, Progreso, avenida Mediterráneo y Naranjos.
Y finalmente, en cuanto a la concesión o no de licencias, el Ayuntamiento explicó que se da luz verde cuando «no supone un acto de aplicación del Pepri», como es el caso de licencias de obra menor o de primera ocupación.
El Ayuntamiento se ha comprometido a entregar «más adelante» un segundo documento de respuestas «más detallada» a todas las cuestiones que plantearon vecinos y plataformas del barrio que entregaron por escrito también.
Debido a que en este pleno del Marítimo solo se trataron cuestiones referentes al citado barrio, desde la agrupación de residentes animaron al resto de barrios a recoger firmas para solicitar otro pleno extraordinario para tratar aquellas cuestiones que les afectan directamente. De hecho, aunque la sala se quedó pequeña para la alta participación que suscitó el debate de la problemática del Cabanyal en concreto, los representantes de otros puntos del distrito decidieron no acudir por no sentirse «tenidos en cuenta».