Vecinos se rebelan contra la ordenanza antipeatones

La nueva ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público es para oposición es “privatizadora del espacio público, insolidaria con las personas con discapacidad y restrictiva en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales”. Un tanto en la línea de las asociaciones de vecinos que llevan un par de semanas con el larguísimo texto en sus sedes, un tanto «abrumadas», según han explicado a VLC News diversos miembros, tanto por la extensión como por el contenido.

Desde el PSPV han anunciado van a presentar 21 enmiendas al proyecto ya que como ha afirmado su portavoz en el Ayuntamiento, Joan Calabuig, “restringe la circulación peatonal y va en contra de lo que parece el desarrollo sostenible de las ciudades que cada vez deben ser mas cómodas y accesibles al peatón. Va en la dirección contraria, no respeta libre circulación, limita el derecho de reunión en espacios emblemáticos, reduciendo el espacio disponible para el peatón”.

El grupo va a “iniciar un periodo de consultas con organismos y entidades como la ONCE, la Federación de Vecinos, AMPAS o comerciantes para presentarles nuestras alegaciones y acordar con ellos posibles nuevas alegaciones en el periodo de exposición pública”. En este sentido, los socialistas apuestan por “ampliar el espacio mínimo para el paso de peatones, en la ocupación del espacio público por comercios, contenedores, terrazas, incluyendo las terrazas en jardines y en la ocupación de las aceras en Navidad”.

Igualmente, reclaman “no imponer limitaciones a la ocupación del dominio público, como pretende el Ayuntamiento en la Plaza de la Virgen o Plaza del Ayuntamiento” y “no limitar la actividad de los partidos políticos” y, por tanto, insistirán en la supresión de la disposición adicional tercera que contempla esta cuestión expresamente.

“La única limitación que propone la nueva ordenanza es 1,20 de paso peatonal, nosotros pedimos limitar esa banda a 1,80 y un porcentaje de ocupación en función de la anchura total”, precisó Calabuig. «No estamos en contra de que pueda ocuparse aceras de menos de 3 metros, pero asegurando un paso de 1,80. Eso puede permitir una ocupación con elementos menores de los habituales”, continuó.

El PSPV ha detallado otras alegaciones como por ejemplo relativas a la autorización para actividades de dibujo o pintura en grupos de mas de 10 personas (artículo 144). «Presentamos alegación para suprimir la necesidad de comunicar al Ayuntamiento estas actividades cuando se trate de las actividades desarrolladas por los centros docentes de los niveles no universitarios, incluidos en sus programación y aprobada por los órganos competentes”, dado que las mismas han sido aprobadas por el Consejo Escolar del centro, y así mismo notificadas a la inspección educativa.

En lo que respecta a la distribución de publicidad, el artículo 159 sólo permite ponerla en práctica a los partidos “en periodo electoral”. Los socialistas apelan a la Constitución para argumentar que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

Por su parte, el grupo EU también presentará alegaciones al texto que, según considera el partido, «ha sido elaborado sin conocimiento ni participación de la oposición y, lo que es más importante, sin que tengamos información que justifique si efectivamente muchos de los usos del dominio público que se realizan sin ánimo de lucro y que van a ser regulados ahora generan situaciones que realmente impidan la accesibilidad en las calles o supongan un perjuicio para los derechos de terceros”.

En este sentido, la edil Rosa Albert dijo este viernes que “con la puesta en marcha de esta ordenanza será prácticamente imposible desarrollar actividades que hasta ahora se venían realizando y no requerían de comunicación ni autorización administrativa alguna y, por tanto, creemos que sería fundamental que quedara plenamente justificado qué problemas han sido detectados por los distintos servicios competentes para que se hayan incluido en el texto”.

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