María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, buscará fórmulas para reorientar y mejorar las condiciones en las que se entregan las casas del parque público de la Generalitat.
Ha explicado que es necesario un plan de reforma de las viviendas de promoción pública porque «no es posible que más de 600 estén sin reformar y no están en condiciones de ser habitadas». «Es urgente un cambio en la política de vivienda que debe pasar por la búsqueda de alternativas innovadoras así como por la cooperación y colaboración de los ayuntamientos».
Salvador ha visitado una de las nueve viviendas de promoción pública que se han entregado en la ciudad de Valencia junto con Blanca Marín, la gerente de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), y la persona que a la que se le ha adjudicado la casa. De esta manera, ha podido conocer el estado en el que se encuentra el domicilio y la reforma que se ha realizado.
La consellera ha asegurado que «sabemos que tenemos una situación económica complicada pero tenemos que trabajar y buscar soluciones, tanto en solitario como en colaboración, para poner a disposición de los ciudadanos las viviendas públicas en unas condiciones adecuadas», para continuar afirmando que la situación en la que se encuentran muchos inmuebles de la Generalitat es culpa de la «dejadez absoluta» del Partido Popular que antes gobernaba.
María José Salvador ha apuntado que la conselleria ya está elaborando una la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda que irá más allá del rasgo administrativo para ser el nuevo marco jurídico que considerará el hogar como un derecho subjetivo. Y es que para ella en estos años no se ha tenido en cuenta la vivienda pública y se ha obviado que es un derecho humano y fundamental.
Además, ha recordado que su departamento creará un registro de vivienda desocupada y así conocer cuántos inmuebles vacíos hay en los municipios de la Comunitat Valenciana.
Esta entrega de viviendas se incluye en el marco del Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social que la Generalitat puso en marcha para que las personas que hayan perdido su vivienda por un desahucio u otras causas tengan a su disposición un cupo de inmuebles públicos, y de esta manera, se evite la exclusión social.
Según la responsable de Vivienda, «esto no es una cuestión de beneficencia es un derecho humano que debemos garantizar desde la administración pública».