Cae una trama con 130 detenidos por estafar un millón en prestaciones por desempleo y ayudas. La Guardia Civil ha desmantelado una trama organizada en la que se utilizaban dos empresas, una de ellas ficticia, para que numerosas personas se beneficiarían del cobro de prestaciones públicas relacionadas con subsidios por desempleo, incapacidad temporal y maternidad. En el marco de la operación “Tributo” han sido detenidas 130 personas en el conjunto nacional por estafa, mayoría en Murcia. En las provincias valencianas se han realizado seis arrestos, cinco en Alicante y uno en Valencia.
Entre los 130 detenidos se encuentran el cabecilla de la organización, de 38 años y vecino de Torre Pacheco (Murcia), que cuenta con numerosos antecedentes por delitos de estafa, y otras dos personas, vecinas también del mismo municipio, relacionadas con la gestión irregular de la documentación a través de una asesoría laboral.
La investigación se inició a principios del 2014, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia detectó unas prácticas irregulares en dos empresas de Torre Pacheco por una posible defraudación en masa. Asimismo, estas mercantiles habían generado un fraude a la Seguridad Social constitutivo de delito.
Por este motivo, la Guardia Civil centró sus investigaciones en averiguar la composición, localización, actividades y relaciones comerciales de ambas empresas para establecer el patrón de actuación y el grado de implicación en los supuestos delitos. Tras estas investigaciones los agentes localizaron a una persona en Torre Pacheco que había creado una empresa legalmente constituida y otra ficticia para formalizar los contratos irregulares, que posteriormente determinaron que al frente de ella estaba una persona que actuaba a modo de “testaferro”.
Contratos laborales por 100 euros
En la misma línea, los agentes descubrieron que tras estas supuestas actividades comerciales existían un entramado en el que se facilitaban contratos laborales a particulares con el fin de que estos obtuvieron las correspondientes prestaciones económicas derivadas de tal actividad laboral inexistente. El precio para la tramitación irregular de estos contratos era de 100 euros aunque se elevaba dependiendo de las necesidades de cotización.
La investigación ha determinado que entre los detenidos predominan las relaciones familiares, de amistad o vecindad, ya que la posibilidad de obtener una pensión, del tipo que fuera, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, se fue extendiendo mediante el ‘boca a boca’.
Texto: Mariola Roselló