El ministro en funciones José Manuel García-Margallo

El Gobierno recurre los decretos de turismo y deporte de las diputaciones

El decreto promovido por el Consell del tripartito para centralizar las competencias atribuidas a las diputaciones en materia de turismo y deporte ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos meses y, ahora, desde Presidencia hablan claramente de ‘boicot’.  De hecho, el director del Gabinete del President de la Generalitat, Arcadi España, ha denunciado que la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de coordinación de turismo y deporte de las diputaciones, aprobados por la Generalitat, forma parte de una estrategia de boicot del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana.

Este anuncio, realizado por el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, se suma a una estrategia que comenzó cuando el Gobierno central intentó impedir que la universalización volviera a la sanidad valenciana, y que se ha prolongado en el tiempo con «el freno a la solidaridad de miles de valencianos y valencianas con los refugiados y con el boicot a la reforma de la financiación autonómica, pospuesta, una y otra vez», tal y como ha argumentado Arcadi España.

El jefe del Gabinete del President ha aclarado que la Generalitat continuará defendiendo la legalidad de los decretos de coordinación de las diputaciones, porque son necesarios para gestionar eficazmente el dinero de los valencianos. «Es un recurso contra la Comunitat y su forma de organizarse», ha añadido, puesto que «a nadie con sentido común le puede extrañar la coordinación de la política turística».

En plena campaña

En definitiva,  ha criticado que el ministro de Exteriores en funciones «ha utilizado de forma desleal la Administración del Estado para entrar en campaña», al anunciar la interposición de este recurso ante el TSJCV, y ha declarado que «si no hubiera elecciones el mes que viene y Margallo no se presentara por Alicante, el Gobierno de España no tendría voluntad de recurrir un decreto de coordinación».  «Ahora al ministro Margallo y al Presidente Rajoy le preocupan las diputaciones provinciales, pero no les preocupaban cuando estaban asediadas por la corrupción», ha concluido Arcadi.

 

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