El juez que investiga el caso Taula ha imputado al PP de Valencia por un supuesto delito de blanqueo de capitales y ha citado, de nuevo, a cuatro investigados del partido por su «proximidad» al dinero supuestamente ilícito. Se trata del concejal Alfonso Novo; la exedil María José Alcón; la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García Fuster y la secretaria. Todos ellos citados para el próximo día 8 de abril.
Así, el magistrado ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el Consistorio. El juez también ha comunicado la misma propuesta al diputado autonómico Miguel Domínguez, según ha informado el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
No obstante, el juez ha prorrogado un mes más el secreto de la pieza principal, hasta el 14 de abril, y alza el de la pieza separada de blanqueo en la que figuran como investigadas 49 personas entre ediles-todos excepto el independiente Eusebio Monsó- exconcejales y asesores. El resto del caso permanece bajo el secreto sumarial.
Las primeras reacciones
La diputada provincial por EUPV, Rosa Pérez Garijo, que denunció el caso Imelsa, ha afirmado que con la imputación del PP de Valencia por blanqueo de dinero «se demuestra que no son casos aislados».
Así, ha señalado que el PP nacional fue «el primer partido imputado en la historia de la nuestra democracia y ahora el PP de la ciudad de Valencia también lo está por un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que lo fueran todos sus concejales -excepto uno- y asesores». «Esto demuestra que no se trata de ‘manzanas podridas’ ni de casos aislados», ha recalcado.
En su opinión, «los valencianos y las valencianas están sufriendo un ‘Tangentópolis’ propio, como en Italia en los años 90», y ha apuntado que «la ciudadanía valenciana ha sido la gran perjudicada de esta presunta trama mafiosa en forma de deuda, recortes y un lamentable estado de los servicios públicos».