Polémica sobre el cambio de nombre de la ciudad.- El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, ha anunciado que los 16 concejales de Ciudadanos y Partido Popular han solicitado, por medio de un escrito registrado en el Ayuntamiento, con anterioridad a la celebración del Pleno, que la Asesoría Jurídica Municipal emita un informe sobre el expediente de cambio de nombre de la ciudad, con carácter previo a que el tripartito lo remita a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana.
El portavoz del Grupo Popular ya ha anunció hace quince días que llevaría a cabo nuevas iniciativas para que se reinicie el proceso administrativo del cambio del nombre de la ciudad y que se apruebe la denominación de Valencia en las dos lenguas oficiales de la Comunitat.
Ahora, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, los populares indican que esta petición ha sido registrada de acuerdo con el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia y que en su artículo 69 dictamina:
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“La Asesoría Jurídica Municipal emitirá informe si así lo solicita al Alcalde un tercio del número de concejales de la Corporación, debiéndose señalar en los informes la legislación aplicable en cada caso.”
De hecho, Monzó ha señalado que los concejales del Grupo Popular y Ciudadanos han registrado el citado escrito instando a los Servicios Jurídicos para que se pronuncien de acuerdo el requerimiento que hizo la Dirección General de Administración Local, que paralizaba el expediente sobre el cambio de nombre de la ciudad al incumplirse el Decreto 58/1992.
Éste determina que el cambio de denominación de un municipio debe estar razonado y justificado adecuadamente con informe de particulares o entidades con autoridad sobre el tema. Una obligación legal, asegura Monzó, que el alcalde Joan Ribó «obvió deliberadamente», pese a que desde el Grupo Popular «le advertimos en el Pleno y en la Comisión de Cultura que estaba cometiendo una irregularidad administrativa grave y que la Generalitat Valenciana, como finalmente ha sucedido, tumbaría el expediente”