El Senado va a reenviar al Tribunal Supremo el escrito que ha recibido del juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el que pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá, al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para conocer si la exalcaldesa está o no aforada.
El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que es el Tribunal Supremo el que debe responder al juzgado valenciano. «No corresponde al Senado contestar», ha dicho.
La Mesa sí ha tramitado este martes la solicitud de suplicatorio para el senador de EH-Bildu Iñaki Goioaga, a quien el Supremo juzgará por delitos de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA. El asunto será enviado ahora a la Comisión correspondiente y pasará después al Pleno.
Pueden pedir la investigación de Rita Barberá, Gerardo Camps y Francisco Camps
Los investigadores estaban esperando a que terminaran de declarar los investigados en la pieza del supuesto blanqueo del PP -los interrogatorios concluyeron este lunes- para determinar si con sus testimonios, documentos y grabaciones que obran en la causa pueden pedir la imputación de Barberá, Francisco Camps y Gerardo Camps.
Tras estudiarlo, será el fiscal el que tenga que elevar un informe a la titular del juzgado valenciano pidiendo que el procedimiento se remita al Tribunal Supremo al hallar indicios de delito contra personas aforadas. Este paso todavía no se ha producido, aunque sí podría registrarse en los próximos meses, han confirmado fuentes conocedoras del caso.
Mientras tanto, el juzgado ha dado un paso más en este asunto y ya ha preguntado al Senado si Rita Barberá es parlamentaria, lo que le obligaría a remitirle la causa en caso de que Fiscalía solicitara su imputación por presunto blanqueo de capitales.
El juzgado que investiga este procedimiento, que está declarado secreto hasta el 14 de marzo, instruye las dos piezas por separado. Los delitos que se imputan a los investigados –en total, unas 80 personas– son, en diferentes grados, prevaricación administrativa, malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Por el órgano judicial ya han desfilado todos los investigados y una gran mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar.