La Intervención de la Generalitat Valenciana colaborará y suministrará información y apoyo técnico a jueces y fiscales que investiguen la comisión de delitos económicos relacionados con la corrupción en el ámbito del sector público de la Generalitat Valenciana.
El convenio ha sido firmado en Madrid por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la consellera de Justicia Administración Pública y Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal.
En los últimos años, se ha venido produciendo un aumento de las necesidades de la Administración de Justicia al investigar temas relacionados con la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat, ya que en muchas ocasiones son necesarios conocimientos técnicos en contabilidad o finanzas, una formación de la que carecen la mayoría de jueces y fiscales. En este contexto, los Interventores de la Generalitat son los técnicos más adecuados para prestar esta ayuda especializada, destacan desde el Consell.
Hasta el momento, esta colaboración se ha ido prestando de manera espontánea por parte de la Intervención, que viene ayudando a juzgados y fiscalias de manera no reglada, pero «era necesario establecer un cauce y una estructura adecuada para el desarrollo de esta cooperación, que estaba provocando un importante aumento de la carga de trabajo», señalan
Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha mostrado su satisfacción porque este convenio «demuestra que la lucha contra la corrupción forma parte del ADN de este Consell». Asimismo, el convenio «supone que desde fuera de la Administración autonómica se valora muy positivamente el trabajo de la Intervención de la Generalitat». El conseller también se ha comprometido a «facilitar estos nuevos trabajos de la Intervención mediante las reestructuraciones funcionales y orgánicas oportunas».
De hecho, el convenio suscrito da cauce y estructura adecuados a la colaboración de la Intervención con la Justicia para que ésta pueda prestarse de manera que agilice la tramitación de los procesos judiciales sin provocar problemas internos en el seno del organismo público.
Por su parte, la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha señalado que «este acuerdo es el límite al que la Generalitat puede llegar para cumplir con el deber de las administraciones públicas de colaborar con la Justicia». En realidad, como reclaman los propios jueces, «sería necesario crear unidades técnicas adscritas al Poder Judicial o a la Fiscalía, pero esta solución requiere de reformas normativas que son competencia estatal y cuya iniciativa corresponde, por tanto, al Gobierno de la nación», ha remarcado.
«Este convenio evidencia que la justicia, para el Consell, es una prioridad. Nuestro compromiso es dar el máximo apoyo a jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción. La recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones pasa por un poder judicial fuerte, y un Ministerio Fiscal dotado de todos los medios materiales y personales para poder hacer bien su trabajo. Queremos poner en valor la justicia porque la justicia es necesaria también para la recuperación económica de nuestra Comunitat», ha añadido Gabriela Bravo.