El Partido Popular en la Diputación de Valencia se siente ninguneado. La forma de proceder del nuevo gobierno de la Diputación cuando se requieren facturas y documentos y, en definitiva, una puesta en práctica real de la Ley de Transparencia deja entrever la falta de voluntad de la administración provincial de desvelar el transfondo y los costes de algunas decisiones. Así lo ha sentenciado la portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Valencia, Mª Carmen Contelles, que advierte que los responsables de la Diputación incumplen de manera reiterada el envío de información solicitada.
La portavoz popular, por tanto, ha advertido que la Diputación de Valencia incumple sistemáticamente la ley 8/2010 de la Generalitat Valenciana de Régimen Local, que establece que las peticiones de información deben contestarse en un plazo de cinco días y la denegación de la misma debe estar motivada.
Las declaraciones se producen tras conocerse el quinto caso en el que la Diputación dificulta el acceso a documentos e informaciones solicitadas por la oposición, según diversas fuentes de la dirección provincial del Partido Popular.
Entre estos, los tres casos más claros de desinformación o parcialización de la misma son:
1. Autobuses contratados para la marcha contra la violencia de género de noviembre de 2015
A pesar de que la Diputación de Valencia no tiene estipulado en los presupuestos los casos en los que la administración provincial debe financiar movilizaciones reivindicativas, la delegación de Igualdad de la institución decidió costear el desplazamiento hasta la marcha contra la violencia de género de noviembre de 2015. Una decisión que no fue aprobada en pleno, ni informada a la oposición.
Por ello, el grupo Popular de la Diputación solicitó el pasado noviembre una serie de documentos al gobierno provincial para conocer la motivación de la Diputación al financiar estos desplazamientos, qué asociaciones participaron, el coste total de la inversión, empresas prestadoras del servicio, etc. Esa solicitud jamás fue contestada y, por ello, el PP volvió a procesar la solicitud el pasado 27 de enero. Según ha explicado la portavoz popular en la Diputación, Mari Carmen Contelles, a Valencia News “el pasado 4 de febrero recibimos como contestación que dicha petición debe realizarse a otro departamento. Han necesitado 54 días para decirnos que debemos volver a realizar la petición”.
Las solicitudes datadas en las fechas que indica el Partido Popular son las adjuntas a la noticia en la imagen superior.
2. Criterios del nombramiento de Vicent Flor como Director Gerente de la Institución Alfons el Magnànim
El Partido Popular solicitó el 18 de enero la información relativa al controvertido nombramiento de Vicent Flor como Director Gerente de la Institución Alfons el Magnànim. Una decisión defendida por el delegado de Cultura de la Diputación, Xavi Rius, alegando que era el mejor currículum y la persona indicada para el desempeño de las funciones como cargo de la institución. Sin embargo, el PP advierte que jamás han recibido información sobre los criterios de idoneidad que tuvieron en cuenta para su nombramiento, los nombres de los miembros del tribunal elector o la copia del currículum de los demás demandantes de la plaza. “Nos llamó la atención el nombramiento desde un inicio y su justificación en base a su currículum porque uno de los candidatos, Eduard Mira, es una eminencia, como cualquiera puede comprobar al rastrear su nombre en Internet, donde está disponible su currículum”, ha apuntado Mari Carmen Contelles a un periodista de Valencia News.
La única respuesta, efectuada por el gobierno de la Diputación el pasado 1 de febrero, 22 días después de la solicitud y tras interponer los populares un recurso de reposición, fue para informar del desvío de la solicitud al departamento de personal, alegando la no competencia del departamento donde se había solicitado la documentación.
3. Sentencias del TSJCV sobre del Catálogo Viario de la Generalitat
El Consell se desprendió en 2013 de 3.000 km de viales cuyo mantenimiento pasó a los entes locales. Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación al Catálogo Viario de la Generalitat, por el que se transfirió a los ayuntamientos la titularidad de decenas de carreteras y viales que suman casi 3.000 kilómetros de vías, han sido favorables, hasta ahora, a las tesis del Gobierno valenciano. La sentencia incluye el pago de costas por los ayuntamientos recurrentes.