Abierto el juicio oral contra Carlos Crespo por el caso Emarsa

Finalmente Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, pasará por los juzgados acusado de blanqueo de capitales en una pieza derivada del caso sobre la gestión de la depuradora de Pinedo por el que hay acusadas 24 personas, por un agujero de cerca de 24 millones de Euros.

Así lo ha dictaminado el magistrado del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, quien ha decidido la apertura del juicio oral a petición del fiscal y las demás acusaciones. Asimismo, emplaza al acusado a formular escrito de defensa en el plazo de diez días. El magistrado fija como órgano competente para conocer el caso a la Audiencia Provincial.

Por una parte, el fiscal solicita cuatro años de cárcel para Carlos Crespo y 700.000 euros de multa; mientras que la Abogacía de la Generalitat,  pide tres años de prisión y 350.000 euros de multa y la acusación particular, ejercida por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), otros tres años de cárcel pero eleva la multa hasta los 700.000 euros, igual que el ministerio público.

El juez, además, ha decidió mantener las medias cautelares contra Carlos Crespo, que le obligan a pagar una fianza de 350.000 euros por costas del juicio, y que el acusado ya consignó en el juzgado.

CRESPO YA FUE IMPUTADO EN 2012

Carlos Crespo ya fue imputado en octubre de 2012 tras ser denunciado por el fiscal como consecuencia de las actuaciones realizadas por los juzgados de Andorra en relación con la causa principal, que permitieron detectar ingresos en una cuenta que los dos hermanos –Carlos y Enrique– tenían abierta en el Principado, con ingresos que ascendieron a 350.000 euros en unos ocho meses.

El magistrado señalaba en el auto de procesamiento, que habían indicios suficientes en la causa para concluir que, mientras tenían lugar los hechos principales de la causa –el conocido como “saqueo” de Emarsa–, Carlos Crespo ocultó dinero de su hermano Enrique, procedente de la ilícita actividad desarrollada en la empresa pública.

Foto: agencias