La subida va a ser, de hecho, «mucho mayor» que la anunciada por el Gobierno, por lo que las asociaciones de consumidores auguran que los ciudadanos se llevarán un «susto» en su próxima factura. El Ejecutivo informó hace algunas semanas de que la luz subiría un 3,2 % en agosto pero la OCU afirma que las viviendas con menos consumos podrían encarecer su factura hasta un 50 %.
El importe fijo pesará más en la factura mientras pierden peso los términos variables, es decir, la luz que realmente consumimos, “lo cual es totalmente un desincentivador del ahorro”, apuntan a VLC News fuentes de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. Tener contratada la potencia adecuada va a ser, a partir de ahora, imprescindible. Y es que se encarecen “las tarifas de acceso” o la forma de pagar por el consumo de luz.
Así, se beneficia a quien más luz gaste sin necesidad de tener contratada una elevada potencia, mientras perjudica a las viviendas vacías y hogares con consumos bajos o medios. Sobre todo, a quien tenga contratada una potencia mayor de la que necesita.
Según asegura la citada organización de consumidores, el término fijo (lo que se paga por cada kW de potencia contratada) sube hasta un 77% y el precio de cada kWh consumido baja un 22%.
La OCU advierte de que «en aquellos hogares donde nunca salta el interruptor, es síntoma de que existe más potencia de la que se necesita», por lo que aconseja una revisión de potencia. Añade también que “hasta ahora, reducir un kW de potencia suponía ahorrarse 28 euros al año. Con los cambios propuestos por el gobierno, este ahorro sube a 40 euros anuales”, mientras que solicitar el cambio de potencia solo cuesta 10 euros.
La subida de mañana se produce apenas un mes después de la entrada en vigor el 1 de julio de un nuevo icremento, del 1,2%, en el recibo de la luz para el tercer trimestre del año. La Tarifa de Último Recurso (TUR) había subido un 3% en enero y, posteriormente, bajado un 6% en marzo.
El recibo de la luz se ha encarecido un 8% desde enero de 2012 y la tarifa se ha incrementado un 63% entre 2003 y 2011 hasta el punto de convertirse en la más cara de la UE para el consumidor doméstico, solo por detrás de Irlanda y Chipre.