La portavoz del Consell, María José Català ha recordado este miércoles que el presidente de las Corts, Juan Cotino, «no está imputado» y que el Gobierno valenciano «respeta los tiempos» y la «independencia de la Justicia».
La también consellera de Educación, Cultura y Deporte se ha expresado en estos términos al ser cuestionada por los medios por el informe policial según el cuál Cotino habría jugado un papel central en el acceso de la ‘trama Gürtel’ a importantes contratos de la Generalitat Valenciana en la visita del Papa a Valencia.
Català ha señalado a este respecto que «la verdad es que en este momento, como todos ustedes saben, Juan Cotino no está imputado y el Gobierno valenciano respeta los tiempos y la independencia de la Justicia».
María José Català, que ha visitado la Vila Joiosa (Alicante) junto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para presentar el Plan de Arqueología Subacuática 2014-2015, ha dicho, además, que los nueve concejales ‘populares’ de Orihuela imputados, por aprobar en Junta de Gobierno el pago de facturas en contra de la opinión del interventor, dependen «del partido», y ha recordado que «las líneas rojas es que aquellos altos cargos que dependen directamente del ‘president‘ y del Gobierno valenciano, en el momento en que están imputados, dejan de serlo».
De este modo, ha considerado que «distinta es la circunstancia de un diputado autonómico o de un concejal que disponen de un acta personal. Es una circunstancia que tiene que resolverse en el ámbito del partido y, efectivamente, es una decisión personal y como partido».
En los juzgados oriolanos están prestando declaración los nueve concejales por una investigación que surge de una denuncia que presentó la socialista Antonio Moreno en el año 2009. En ella, se ponía de manifiesto la existencia de «diversas irregularidades» cometidas durante el año 2008 en el Ayuntamiento de Orihuela y, así, el pago de numerosas facturas mediante aprobación en Juntas de Gobierno celebradas entre el 2 de junio y el 13 de octubre de ese ejercicio a pesar del previo informe con reparo del Interventor municipal, por no existir expediente ni previa fiscalización y la irregularidad en la contratación por parte del consistorio.