La primera propuesta que ha realizado la envasadora de Coca-Cola a los sindicatos es una indemnización de 30 días con un máximo de 18 meses y un plan de prejubilaciones por el cual los trabajadores que tengan más de 58 años cobrarán el 70% del salario neto hasta que cumplan los 63 años. «La compañía ofrece 10 días más que lo marca la ley, lo que demuestra la voluntad de negociación de la empresa» según ha declarado a VLC News fuentes de Coca-Cola Iberian Partners.
Sin embargo esta generosidad parece que no convence del todo a los negociadores del ERE. El diario Cinco Días publica que un miembro de la mesa de negociación del expediente asegura que esta oferta obedece a un doble motivo. “Por un lado, quiere acallar cuanto antes la presión y, de alguna manera, la alarma social que se ha creado cuando anunció que quería despedir a 1.253 trabajadores. Y por otro, no puede hacerlo de otra forma cuando en sus propias presentaciones reconoce que en el periodo 1 de junio /30 de noviembre de 2013, el grupo ya consolidado unos ingresos de 1.509 millones de euros, que le han permitido arrojar un resultado de explotación de 127 millones de euros y unas ganancias netas de 100 millones”.
En el informe técnico entregado a los sindicatos queda recogido el plan productivo de la compañía, en el que las fábricas situadas en la periferia de la península suministrarían a los territorios del interior. De esta forma la empresa se ahorraría 33 millones de costes anuales frente a los 20 millones de euros de un diseño alternativo en el que se mantenía operativa la fábrica de Madrid, según publica el diario económico.
Alicante sigue con la huelga indefinida programada para el lunes
El comité de empresa de Coca-cola de Alicante ha asegurado que esta planta «es la cuarta que más produce de España y la segunda más rentable, por detrás de Barcelona», por lo que entiende que las razones organizativas y productivas que alega para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) «no se ajustan a la legalidad».
En una rueda de prensa posterior a la celebración en Alicante del encuentro entre las partes en el Tribunal de Arbitraje Laboral, paso previo al inicio de la huelga indefinida que arranca el lunes que viene, el portavoz de FITAG-UGT, Joaquín Gil, ha señalado que las razones de la empresa «no se ajustan a la legalidad ni al sentido común», y ha calificado los argumentos de la empresa de «incoherentes» porque se han basado en «la bajada de consumo, para luego decir que España es el segundo país de la Unión Europea donde más se consume».
Según el comité de empresa, Coca-cola ha tenido unos beneficios de «167 millones de euros este año y al final, lo que pretende es pegar un golpe encima de la mesa y despedir a los 1.250 trabajadores que plantea el ERE». Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de FITAG-UGT, Rosa Benítez, ha afirmado que Coca-cola «no tiene competencia» en el mercado, y ha insistido en que cuando la empresa «plantea el cierre, plantea la medida más agresiva que permite la reforma laboral».
«No hay causa económica que justifique, porque hay unos beneficios acumulados de más de 900 millones de euros; y además, no valora el impacto social que va a tener», ha continuado Benítez, que ha advertido de que la provincia de Alicante puede perder con el cierre «una referencia que vamos a defender hasta el final».
Desde el comité de empresa de Coca-cola Alicante se ha recordado que la planta de Alicante produce 80 millones de litros, en 12 millones de cajas de botellas de vidrio y da servicio a parte de Castilla La Mancha y Catalunya, además de servir a toda la Comunitat Valenciana y Murcia