Del ‘Pacto del Pollo’ (1995) al ‘Acord del Botànic’ (2015), veinte años de diferencia. Este jueves los representantes de las formaciones PSPV, Compromís y Podemos han firmado el denominado ‘Acord del Botànic’. Se trata del documento programático que sienta las bases para el futuro gobierno de la Generalitat y según los firmantes «acabar con la situación de emergencia social y poner los cimientos de un nuevo País Valenciano».
Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel, un tiempo después del pleno de constitución de las Corts en lo que supone la novena legislatura. En el pleno se ha alcanzado un acuerdo para que la Mesa esté compuesta por miembros de todos los grupos de la Cámara.
ACUERDO CON CINCO PUNTOS IMPORTANTES
Este documento recoge cinco puntos, relativos a rescate de personas; regeneración democrática y lucha contra la corrupción; gobernar para las personas; nuevo modelo productivo y financiación justa y auditoría ciudadana.
1995: PACTO DEL POLLO
Este acuerdo rememora pero con distintos protagonistas al llamado «Pacto del Pollo» de 1995. Fue un acuerdo entre el PP y Unió Valenciana para alcanzar el gobierno valenciano y dejar fuera de la Generalitat al PSPV.
CERRADO EL «QUÉ», AHORA FALTA EL «QUIÉN»
Los candidatos a la Presidencia de la Generalitat del PSPV, Ximo Puig, de Compromís, Mónica Oltra, y de Podemos, Antonio Montiel, han cerrado el «qué» del Gobierno valenciano. Asimismo, los tres confían en decidir pronto el «quién», en referencia a las personas que ocuparán la Presidencia y el resto de principales responsabilidades.
Ximo Puig, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha mostrado convencido de que conseguirán hacer «un muy buen gobierno», y cree que no habrá ningún problema en ponerse de acuerdo sobre las personas que lo conformarán.
«Esto no es un proyecto personal de nadie ni una presidencia personalista; va a ser un gobierno compartido porque va a ser de todos y para todos», ha resaltado Puig, quien ha incidido en que será un ejecutivo valenciano «fuerte, potente, capaz, solidario, leal y que va a levantar esta tierra».
Por su parte, Mónica Oltra ha explicado: «Hoy hemos cerrado el qué, mañana hablaremos del quién», y ha asegurado que tiene la «convicción» desde «el día 24 a las once de la noche» de que conseguirán formar gobierno. «Cada cosa a su tiempo y saldrá», ha apostillado.
Antonio Montiel, quien ha reconocido que no ha sido «un tránsito fácil», ha indicado que el acuerdo firmado no es «a tres bandas», sino «a cuatro, con la sociedad civil». Por ello, ha avanzado que harán público el documento, para que todos los ciudadanos tengan una copia y «puedan verificar el cumplimiento de cada uno de los puntos».
LOS PUNTOS DESTACADOS DEL ‘ACORD DEL BOTÀNIC’
El ‘Acord del Botànic’ incluye el compromiso de priorizar el gasto en el sistema público de sanidad y educación y servicios sociales «por encima de cualquier otra partida» y negociar con los acreedores un «plan de reestructuración de la deuda que impida que los vencimientos limiten la aplicación de estas prioridades».
EVITAR DESAHUCIOS Y APLICAR LA LEY DE DEPENDENCIA
Entre otras medidas, se comprometen a «evitar que se desahucien personas sin alternativa de vivienda», asegurar que todas las familias «puedan acceder a un consumo mínimo» de luz, agua y gas, extender plazas y becas de comedores no restringidos al calendario escolar, garantizar que los alumnos dispongan de libros adecuados y no condicionar las becas escolares a estar libre de deudas con Hacienda o Seguridad Social.
El documento prevé asimismo la «aplicación efectiva» de la Ley de la Dependencia, con dotación de los recursos necesarios y «resolución inmediata» de los casos pendientes, y que acabar con la violencia machista contra las mujeres «debe ser un objetivo transversal».
En materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, apuestan por unas instituciones «inclusivas, transparentes, austeras y eficaces que estén al servicio de los ciudadanos, no de las élites», y en las que la sociedad civil tenga «un papel protagonista».
También se comprometen a aprobar una nueva Ley Valenciana de Transparencia, Información y Participación que «garantice la buena gestión de lo público y la participación de la sociedad civil», así como a garantizar la participación ciudadana y a reformar la Ley Electoral Valenciana para «hacerla más representativa y proporcional».
OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
Crearán una Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, independiente, con autonomía presupuestaria y que rendirá cuentas, información y responsabilidad directamente a las Corts, y adoptarán medidas para evitar las puertas giratorias.
En materia de contratación de empresas y servicios públicos, prevé la «reducción drástica de la discrecionalidad e incrementar los mecanismos de control y transparencia», así como impedir «contratar con empresas condenadas y dificultar la contratación con empresas y personas imputadas en casos de corrupción», entre otras medidas.
El acuerdo recoge asimismo la «reducción de los gastos superfluos», en cuestiones como altos cargos o coches oficiales, la reordenación de la administración, con «integración y coordinación de las funciones de las diputaciones en la Generalitat» y refuerzo de los ayuntamientos.
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
Prevén «una política de desmercantilización» y recuperación del sistema sanitario público, con «auditoría de los concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa», y de la atención sanitaria para todos los colectivos que la han perdido con el Real Decreto 16/2012, y paralizar los recortes en servicios públicos.
Además, incluyen la extensión progresiva de la enseñanza pública de 0 a 3 años, incremento progresivo de la formación profesional, elaboración de una Ley Valenciana de Educación consensuada con la comunidad educativa, reducción progresiva de la ratio en todas las etapas, con más profesores y calendario de eliminación de todos los barracones, y adopción de medidas para «paliar los efectos negativos que tendrá la aplicación de la LOMCE, hasta que se consiga su derogación».
RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS, CULTURA Y VALENCIANO
También se comprometen a «garantizar el derecho fundamental a la información, mediante una radio y televisión públicas valencianas».
Igualmente, aprobarán una Ley integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género y un Plan autonómico para la igualdad de Trato, contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, y prevén promover la paridad en los órganos institucionales, poner en marcha un plan de igualdad retributiva y apostar por unas administraciones comprometidas con la cultura valenciana y, especialmente, en el papel del valenciano.
En ese documento, también incluyen el desarrollo de un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, la investigación y el desarrollo innovador y que «debe garantizar trabajos de calidad y salarios dignos», como «requisito para la salida de la crisis y la generación de bienestar a largo plazo», y apuestan por la reindustrialización para recuperar la agricultura valenciana, por un turismo sostenible y de calidad, por un modelo de comercio equilibrado que dé apoyo al comercio de proximidad y por una transición ecológica del modelo productivo, con especial atención a la eficiencia energética.
SISTEMA FINANCIERO, ESTATUTO, CORREDOR MEDITERRÁNEO
El acuerdo recoge asimismo la «recuperación del sistema financiero valenciano», con medidas como la refundación del Instituto Valenciano de Finanzas en una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondos del BEI y que incentive el modelo de cajas de ahorros no bancarizadas y la creación de cajas y cooperativas de crédito local.
Prevé «garantizar la finalización del Corredor Mediterráneo en los plazos establecidos, presionando al Gobierno central por el cumplimiento de los compromisos adquiridos», y «desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía» respecto a las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana.
FINANCIACIÓN Y DEUDA HISTÓTICA
Se comprometen a «exigir al Estado, a través de acciones políticas y legales, una financiación adecuada para poder garantizar la prestación de los servicios públicos» y «el reconocimiento de la deuda histórica del Estado».
El documento firmado por PSPV, Compromís y Podemos prevé igualmente una «auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat, de los diferentes departamentos y las entidades dependientes, con publicidad de los informes finales», así como la creación de «una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía».