Era la gran promesa. Todos coincidían en ella, por lo que el electorado no transigiría al menor de los peros que osara en argumentar el inminente gobierno que aguarda a las puertas de la Generalitat. Es uno de los principales retos que se marcaron como objetivo: RTVV en funcionamiento el próximo 9 de Octubre.
Pies en tierra la cosa no es tan fácil como sacar a pasear la sinhueso. Ahora la oposición cambia de bando y su misión es poner los medios para llevar a buen puerto su promesa. Una promesa, no olvidemos, que venía con aditivos. El programa más argumentado en esta cuestión era el de Compromís y el que lo deja en el último de sus 215 puntos -y ambiguamente- es Podemos.
La más torpe decisión del presidente en funciones Alberto Fabra fue el cierre de la radio y la televisión públicas valencianas. La rabieta al ver que las cosas no salían como él quería ha sido uno de los varios tiros en el pie que la formación popular ha ido pegándose en los últimos meses en los que los cambios de timón, patrón, marineros y hasta de embarcación han sido la noticia. Lástima no serlo los hospitales y desaparición de barracones que Fabra prometió crear con el dinero que ahorrarían las arcas públicas con el cierre de 25 años de nuestra historia.
Dejando para corrillos lo que informativamente hubiera dado -o no- de sí RTVV estos días de idas y venidas a los juzgados, grabaciones sin imputaciones sin pronunciamientos de la Fiscalía… estarán de acuerdo que ante la inminente puesta en marcha del espejo de los valencianos, conociendo los errores del pasado, entonadas las culpas, prometidos los propósitos de enmienda… hay que crear los mecanismos correspondientes para que todo aquéllo no vuelva a repetirse.
Es evidente, se quiera o no, que RTVV será un ente creado desde las Corts, desarrollando las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía que, a su vez, le confiere la Constitución Española. Al ser un organismo, llámese independiente, pero que por mucha independencia que se le quiera conferir será engendrado por una voluntad política y, en el que la cuota de representación del parlamento valenciano tendrá su porcentaje correspondiente, para un correcto funcionamiento, fiscalización e interlocución con el Consell deberá estar el poder político, representado en el Consell d’Administració de RTVV. Más allá de asegurar el cumplimiento de presupuestos, velar por el ente, mantener la estructura, garantizar el correcto funcionamiento… El sitio a ocupar en ese Consell d’Administració, no sería ético -debería estar especialmente remarcado en el perfil del candidato-, tendría que ocuparlo, como especifica el programa de Compromís, una persona cualificada, independiente, con experiencia y conocimiento del sector. Y el director general del ente, y para ello el programa de esta formación es el único que se explaya en ello, un profesional independiente de reconocimiento y prestigio, que cuente con el apoyo de dos tercios de diputados de las Corts, elegido en concurso público de méritos. Tan transparente y limpia es la propuesta que ni con el socorredor pacto de izquierdas que quiere venderse podría ser posible. Sería obligatorio el diálogo con otras formaciones excluidas de ese grupo cerrado. Esta promesa en programa electoral obliga a la necesidad de entendimiento y evitar el uso del rodillo al que estamos acostumbrados.
Ante un Consell d’Administració de RTVV de esta índole y volviendo a tomar las promesas electorales como recordatorio, será más fácil salvaguardar la independencia y trabajo de los profesionales de la información. La única manera de garantizar una información veraz y sin tintes políticos en la que el periodista, cámara, realizador, operador… no estén coaccionados y actúen con libertad -eso repercutirá en beneficio de todo el conjunto de la sociedad- pasa por la creación de un consejo de redacción elegido libremente por los trabajadores, a los que a su vez se les proteja ante cualquier decisión externa e injerencia en su profesionalidad. No sería el caso de un periodista que cometiera faltas o infracciones que objetivamente puedan acarrear sanciones: derecho al honor, intimidad… Pero visto lo visto y lo que la historia ha escrito, debería estar protegido cualquier profesional que por relatar objetivamente la realidad, fuera apartado de sus funciones o relegado de su cargo.
Sólo así habría una radio y televisión como anhelamos, como queremos, como esperamos. Los políticos tienen el poder de hacerlo. Voluntad dijeron que tenían. Sólo cabe que cumplan sus promesas. Confiemos.