Con este sistema, el Gobierno atiende una reclamación histórica del ámbito empresarial, con la que pretende beneficiar a 1,3 millones de autónomos y a un millón de empresas, oxigenando sobre todo la financiación de las micropymes, cuya plantilla no excede de los diez trabajadores, y que son las que componen el 95 % del tejido empresarial español.
A esta fórmula podrán acogerse las empresas y autónomos de manera voluntaria que facturen como máximo dos millones de euros anuales y que trabajen a periodos largos de cobro con grandes compañías o las administraciones públicas, aunque también estarán obligadas a facilitar información en un libro de registros, a fin de evitar el fraude fiscal.
Asimismo, el nuevo sistema no permitirá a aquellas empresas que contraten con pymes y autónomos sujetos al IVA de caja, deducirse el impuesto hasta que hayan pagado la factura, lo que permitirá según el Gobierno un adelanto sustancial de los pagos.
Y también contempla que aquellas pymes con una facturación inferior a diez millones de euros puedan deducirse hasta el 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que reviertan en su actividad empresarial.
Otra de las apuestas de esta primera parte de la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo de Rajoy es la de las deducciones por el fomento del I+D+I. Una fórmula que permitirá a las empresas que inviertan en innovación la recuperación de una parte del capital.
Además, el Gobierno también ha pensado en la figura de los conocidos como business angels, cuya actividad se va abriendo paso en el sistema financiero español. Y para fomentar su actividad aplicará un incentivo fiscal en el IRPF, en base al 20% sobre una cantidad no superior a 50.000 euros.
La aplicación de estas medidas, junto con el aplazamiento del IVA de Caja, permitirá dotar de una mayor sostenibilidad a las pymes en un momento donde muchas se han visto abocadas al cierre debido a su sobreexposición a los prolongados impagos de sus proveedores y a los altos costes de financiación externa, incluso fuera del mercado bancario.
Pero el aplazamiento de la liquidación de IVA también ofrece inconvenientes a la par que mayores ventajas para las fórmulas de pago. Y es que el sistema es válido hasta la finalización del ejercicio, lo que equivale con frecuencia al cierre del año natural.
Es decir, cualquier empresa o autónomo acogido a esta fórmula podrá ir aplazando el pago del IVA durante varios trimestres hasta llegar al cierre de ese periodo donde deberá sufragar todas las cantidades acumuladas.
Y es este punto al que habrá que prestar atención, porque muchas empresas se pueden encontrar la amarga sorpresa de tener que realizar un efectivo del IVA acumulado anual, a pesar de no haber recibido dicha cuantía de sus proveedores, lo que supondría un importante desequilibrio de sus finanzas.
Es de suponer, por tanto, que la Agencia Tributaria articulará mecanismos que permitan corregir estas posibles situaciones, porque de lo contrario una medida beneficiosa se podría convertir en la desaparición de múltiples empresas al cierre del ejercicio fiscal.
Sin embargo, el gran aliado de las firmas que trabajen con los organismos oficiales que dilaten sus pagos es la articulación de la Ley de Reforma de las Administraciones Públicas, que les obliga a realizar sus pagos para proveedores en un periodo máximo de 30 días.
Este elemento resultará clave para permitir a las pymes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y por ende, en consonancia con una mayor dinamización de la economía, la posible generación de empleo ante una mayor flexibilización financiera.
La otra cara de la moneda para este inicio de 2014 la representa la Seguridad Social, ya que acaba con el fraccionamiento del pago del IRPF, que desde el año 2009 ha permitido a las empresas tener mayores resortes de articulación para abonar los importes laborales de sus trabajadores.