El alcalde en funciones de Valencia, Silvestre Senent, ha manifestado que el Ayuntamiento se encuentra «en negociaciones» con el Gobierno valenciano para firmar un convenio por el cual «poder cobrar las multas de tráfico que se ponen a los que no viven en Valencia o no tienen cuentas en bancos de la ciudad«, medida que permitiría «mejorar el cobro» ya que «el ámbito para embargos sería el de toda la Comunitat«.
Así lo ha anunciado el edil en una rueda de prensa convocada para informar de temas varios de Hacienda del mes de agosto y de la previsión de presupuesto de 2015.
De este modo, «el ayuntamiento facilitaría soporte informático con los datos de los deudores en ejecutiva que no hubiéramos podido grabarles nada al no tener cuentas en la ciudad ni devolución en el IRPF», ha explicado. El también concejal de Hacienda ha recordado que hay un convenio con la Agencia Estatal Tributaria por el que «se le retiene a un señor lo que le devuelve del IRPF si tiene un embargo del ayuntamiento y, por tanto, sí lo cobra» el consistorio.
Según ha afirmado, el convenio «no supone ningún gasto adicional para la Generalitat» ya que «tanto los recursos o quejas que se presentarán se remiten al Ayuntamiento, se resuelven y se devuelven a la Generalitat». «El proceso lo hace el ayuntamiento, pero es imprescindible la colaboración ya que los ayuntamientos solo tienen potestad en su término municipal», ha señalado.
Senent ha indicado el Ayuntamiento ha cobrado en multas 10.115.525 euros, más 1.523.000 euros retenidos por los bancos esperando la transferencia de los embargos de agosto, un 17 por ciento menos que en 2013, por lo que «no hay ningún afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento».
Por su parte, ha indicado que este lunes entra el periodo voluntario para el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica, cuya matrícula de 2014 suma 438.171 recibos, que representan 36.876.027 euros a recaudar, lo que supone 12.000 vehículos menos y 354.360 euros menos respecto al año anterior, si bien ha precisado que «desde 2011 el parque móvil ha ido disminuyendo y, por tanto, también los ingresos que recibe el Ayuntamiento».
ANULACIÓN DE COBRO DE IMPUESTOS Y SANCIONES
Por otro lado, el concejal ha aclarado, respecto a la crítica de la oposición por la renuncia del Ayuntamiento del cobro de 12,5 millones de sanciones e impuestos, que de lo que se trata es «de cumplir lo que dice la ley», ya que, del total, un total de 10.105.000 euros corresponden a la tasa de utilización privativa de dominio público por empresas que prestan servicio de telefonía móvil, y se ha tenido que dar de baja porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2012 declaró que «se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación, de recursos, de una propiedad pública o privada con respecto a los servicios de telefonía móvil».
Además, ha recordado que también el Tribunal Supremo «falló no haber lugar al recurso de casación planteado por el Ayuntamiento de Valencia», por lo que «resulta inviable exigir la tasa«.
«Durante dos años de esos 12 millones que se han anulado están los 10 millones de 2011 y 2012 de esa tasa que es por imperativo legal, los otros restantes son porque han prescrito o han ganado los recursos«, ha concluido.