El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.
La Vicepresidenta, Soraya Saez de Santamaría aseguro en la rueda de prensa posterior que el decreto ley aporta una “solución” a un proyecto que fue aprobado en mayo de 2008, bajo las directrices del Gobierno Socialista. Recuerda que el PP trato de frenar el plan mediante una declaración de lesividad ante los tribunales, ya que lo consideraban dañino para los intereses públicos.
La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación «muy ligada a la financiación del BEI», indicó Sáenz de Santamaría. Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
La hibernación de la instalación «implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural» en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó.
La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una «solución» a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno «intentó una declaración de lesividad» ante los tribunales.
«Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras», señaló.
«La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto», añadió Sáenz de Santamaría.
REACCIONES
La eurodiputada de IU Marina Albiol ha indicado que deberían pagar la indemnización «Zapatero, Camps, Soria y todos los que son responsables de esta situación», y añadido que el almacén se hizo «para beneficiar a Florentino Pérez sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer».
Javier Moliner, el presidente del Partido Popular de Castellón, confiesa que con la hibernación del proyecto Castor “se cierra una pesadilla socialista que debemos pagar todos los españoles”. En un comunicado, Moliner, recuerda que el PP “intento recurrir al Tribunal Constitucional” las cláusulas “totalmente excesivas” con las que el Gobierno del PSOE blindo la operación.
“1.350 millones de euros, una cifra astronómica, que supone toda la inversión en la provincia de Castellón desde que estamos en democracia”, indico el presidente. Apuntilló que la inversión que supuso el Castor hubiesen podido “cubrir todas las necesidades que tiene la provincia de Castellón ahora mismo”.
El presidente del PP Castellón finaliza recordando que es el momento “de exigir responsabilidades” y destaca “el mal hacer de un Gobierno socialista que aún a fecha de hoy no ha salido a dar explicaciones ni a pedir disculpas”.