Seguramente recordarán que el pasado día 5 el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó ante las Torres de Serranos, símbolo valenciano -que no del PP- en medio mundo, la ‘Declaración de Valencia’, el manifesto contra la corrupción que quiso presentar precisamente en la Comunidad Valenciana por considerarla paradigma de la corrupción en España.
Aquello acarreó una notable polvareda que su homólogo en el PSPV, Ximo Puig, se vio obligado a matizar al día siguiente diciendo que la Declaración era contra el PP, no contra la Comunidad Valenciana, como muchos interpretaron por la elección del escenario.
Aquel día , al ser preguntado por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía –implicados los expresidentes socialistas Chaves y Guiñán-, Sánchez, apeló “al respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia” y, en todo caso, si se confirman los hechos el partido “actuará con la máxima celeridad”.
Pues bien: hoy el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en relación con el caso de los ERE irregulares.
Los exmandatarios autonómicos (PSOE) serán investigados por su responsabilidad cuando la Consejería de Empleo andaluza dispuso, supuestamente sin control, de hasta 855 millones de euros de 2000 a 2012, dinero que, en teoría, estaba destinado al pago de ayudas y subvenciones.
Con el informe favorable de la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo ha asumido también la investigación sobre los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso; y de la también exconsejera de Andalucía Mar Moreno y del expresidente José Antonio Griñán, en su calidad de senadores.