El pasado día 24 de diciembre abandonó la cárcel de Soto del Real el empresario valenciano Alejandro de Pedro, considerado una de las «cabezas» del entramado desarticulado a través de la operación Púnica, tras abonar una fianza de 50.000 euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El magistrado relaciona a De Pedro con el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y aseguraba en el auto en el que decretó su ingreso en prisión incondicional, el pasado 30 de octubre, que el político le concedió contratos en la estación de esquí de San Isidro «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León». Además, el expresidente de la Diputación leonesa «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude», decía el juez.
Velasco modificó la situación del empresario valenciano tras celebrar una vista el 23 de diciembre. Además de imponerle la caución de 50.000 euros para abandonar la cárcel, ordenó comparecencias mensuales en los juzgados más cercanos a su domicilio, según precisa el juez en un auto.
El magistrado aseguraba que el empresario es la «cabeza» de un un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación. «Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares», precisaba.
Velasco considera que estos «trabajos» le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían «la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros» en lugares como Murcia, León y Madrid.