Ha entrado en vigor la nueva ley de alquiler que agiliza el desahucio de inquilinos por impago y que elabora un registro de impagos con el objetivo de informar a los propietarios del riesgo que supone alquuilar una vivienda a personas con antecedentes por no pagar el arrentamiento.
Así, el casero podrá solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago, y una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días.
La ley también permite que el propietario recupere el piso para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, como por ejemplo, una vez que hubiese transcurrido al menos el primer año de duración del contrato sin necesidad de previsión expresa del mismo.
Por otro lado, y ante el aumento del uso del alojamiento privado para el turismo, la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos excluirá estas viviendas de la normativa para que queden reguladas por la ley sectorial específica, o que en su defecto se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada.
Además se creará un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler con el objetivo de ofrecer información a los propietarios de los inmuebles del riesgo que supone arrendar una vivienda a personas que han sido condenadas judicialmente por falta de pago.
Asimismo, el Gobierno solo mantendrá las actuales ayudas de la Renta Básica de Emancipación para los jóvenes hasta que sean afectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas para el periodo 2013-2016.