«Aquí hay una persecución a la institución y hacia algunas personas» de la Generalitat Valenciana. Así de contundente se ha mostrado hoy el jefe del Consell, Alberto Fabra, en relación a las denuncias e investigaciones por supuesta malversación de fondos públicos por parte de la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, Esther Pastor. El presidente ha asegurado que es «falso» que su número dos haya pagado gastos privados de alojamiento y comida con dinero público, y ha tachado de «malintencionadas» esas informaciones.
Fabra, que esta mañana visitaba el stand de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), se ha expresado así después de que esta semana la magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Valencia admitiera a trámite la querella presentada por Manos Limpias contra Pastor por presunta malversación en facturas de hoteles. El sindicato también anunció que ampliará la querella contra la secretaria autonómica después de la publicación de otras facturas de compras de alimentación doméstica.
El presidente de la Generalitat lamentó que «se ponga en duda la dignidad de una institución» y advirtió de que, en política, «no vale todo». Por eso, dijo, cuando se lanza una acusación hay que demostrarla, y desde el Gobierno valenciano se aportará la documentación necesaria para demostrar «que aquí no ha pasado absolutamente nada». Fabra fue incluso a lo concreto y aseguró que la asistencia de Pastor a los hoteles motivo de la denuncia, «eran desplazamientos que estaban vinculados con su responsabilidad» en la administración valenciana, algo que podría comprobarse con la agenda y los actos programados por la Generalitat.
De manera paralela, Fabra ha confirmado que la Generalitat ha intensificado las investigaciones internas para «poner a disposición de la justicia» a las personas que estén filtrando la documentación que ha motivado las denuncias por supuesta malversación de fondos públicos. El jefe del Consell ha afirmado que se trata de una actuación ilegal por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de información interna.