El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha insistido este miércoles en su reivindicación de que el nuevo modelo de financiación autonómica «cubra por igual» las prestaciones básicas en sanidad, educación y bienestar social en toda España y, además, aboga por que «haya instrumentos para ejercer otras cuestiones» como la compra de pizarras digitales o la organización de un Gran Premio de Fórmula 1.
«Si alguien quiere poner pizarras digitales, se lo tendrán que pagar ellos y eso se tendrá que conseguir a través de impuestos propios», ha indicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, a preguntas por la posibilidad de unificar impuestos autonómicos.
Fabra ha recalcado que «lo más importante» es que «el modelo corrija la situación injusta en la Comunitat Valenciana de no cobrar los gastos en educación, sanidad y políticas sociales».
En cuanto a las cuestiones que a su juicio deberían costearse con otros instrumentos, ha apuntado: «en la Comunitat antes teníamos la posibilidad de hacer el Gran Premio de Fórmula 1, en estos momentos no porque estamos ajustando todos los gastos para destinarlo a cuestiones básicas, y si quisiéramos hacer un Gran Premio no tienen por qué pagarlo el resto de los españoles, tendríamos que tener instrumentos para recaudar dinero y pagarlo nosotros», ha subrayado.
El jefe del Consell mantiene que el sistema de financiación debe «cubrir por igual a todos los españoles, con coeficientes de ponderación de envejecimiento, dispersión de la población, insularidad» y otros «muy concretos pero cuantificables» en sus servicios básicos y, por otro lado, contar con «otros instrumentos que posibiliten que si alguien quiere algo más fuera de eso, tenga recursos suficientes para poderlo hacer».
Fabra ha subrayado el esfuerzo realizado en la Comunitat para seguir prestando los servicios básicos tras la importante caída de ingresos y la infrafinanciación sufrida en los últimos diez años, en los que «el dinero que venia de Madrid ni tan siquiera cubría esos gastos», con una diferencia de 1.500 millones el pasado año para esos servicios.
En este punto, ha incidido en que el modelo de financiación debe «garantizar, de forma solidaria, que todos los españoles puedan tener derecho a esos servicios en igualdad y con el mismo nivel de prestaciones».