Una de las decisiones que tomaba ayer el Consell era la creación del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación (ACC-RTV), un órgano colegiado consultivo, presidido por el profesor de la Universitat de Valéncia-EG José María Vidal, sin retribución de sus miembros y adscrito a Presidencia; además contará con otros siete vocales elegidos de entre los actores del sector. Este organismo se crea con la intención de asesorar a Ximo Puig en todo aquello relacionado con lo regulado en el artículo 56 del Estatuto de autonomía, es decir, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión, televisión y del resto de medios de comunicación en el ámbito valenciano. Pero sobre todo se crea para analizar los diversos procesos y conflictos judiciales o extrajudiciales que afecten al proceso de cierre de RTVV. Sí, tendrá otras funciones, como analizar los problemas que se puedan producir en el ámbito del TDT y de la FM, pero sobre todo se trata de estudiar jurídica y económicamente “el cómo” de la reanudación de las emisiones de una televisión pública autonómica -de calidad y en valenciano añadiríamos- de cara al próximo 9 de octubre. Porque ese era el compromiso electoral -estaba en el ambiente- con el que tanto el PSPV-PSOE como Compromís concurrieron el pasado 24M.
Por tanto, si Puig solicita el “comodín del público” ni más ni menos que al director del Departamento de Derecho constitucional, ciencia política y de la administración de la UV-EG, es que la cosa no está tan clara como algunos pensaban y otros querían. Los sindicatos mayoritarios en la extinta RTVV -muy cercanos a Compromís y PSPV-PSOE- siempre han defendido la reapertura partiendo de la plantilla existente tras el ERE o incluso, en algunos casos, como si este no se hubiera producido; en este caso no se debería liquidar RTVV SAU (la heredera de la primera) para que pudiera reanudar su actividad. Por contra, otros, como la Unió de Periodistes Valencians apuestan por partir desde cero, es decir, por la creación de una empresa nueva que planteará un proceso de selección público y abierto y que en la convocatoria tuviera en cuenta como mérito haber trabajado en el antiguo ente público, la manera en que se accedió a ese puesto de trabajo y la antigüedad. Y nos parece la postura más razonable, no podemos quejarnos de que había mucho “enchufado” y ahora tener que volver a cargar con esos trabajadores, a pesar de que algunos hayan hecho recoversiones ideológicas de lo más variopintas (y seguro que a todos nos surgen un puñado de nombres).
El problema en este caso que la ley obligaría a esperar un tiempo preceptivo al liquidar un ente público que cumplía este servicio de comunicación y de fomento de la cultura y la lengua valencianas (según su ley de creación), para poder crear otra empresa que cubriera ese hueco. O sea, no se llegaría nunca al 9 de octubre, al menos el de 2015. Así, a pesar de la evidente urgencia por dotarnos de un medio de comunicación vertebrador de los valencianos como era, a pesar de todo, aquella pésima RTVV (pésima por su programación, por su sesgo político de unos y otros, por su poco uso del valenciano, etc.), valdría la pena esperar para enmendar aquella televisión valenciana que viciaron el PSPV-PSOE y sobre todo el PP, y así, esta vez, hacerlo manifiestamente mejor. En ese caso, Puig, Mónica Oltra -que en su comparecencia de ayer ya evidenciaba no tener clara una fecha para la vuelta de las emisiones de RTVV- y todo el Consell podrían utilizar como argumento de peso y valor el dictamen del recién creado ACC-RTV, eso y la valentía para enfrentarse a los famosos jupetins rojos, esos extrabajadores que en ocasiones dan la impresión de estar más preocupados por lo particular, que por lo general.