Desde la Conselleria de Hacienda afirman que el actual modelo de financiación «no cumple ninguno de sus objetivos», recogidos en la Ley 22/2009, y «no ha permitido la mejora del reparto entre comunidades autónomas». En este sentido, el conseller Juan Carlos Moragues reclama un nuevo sistema «más sencillo, transparente, claro y entendible», frente al «actual, que es todo lo contrario, farragoso, opaco, ineficiente y difícil de entender».
Así lo ha señalado en la presentación en rueda de prensa del informe de la Comunitat Valenciana sobre el análisis del sistema actual de financiación de las comunidades autónomas, junto al secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, y el director general de Tributos, Vicent Peiró.
Peiró ha detallado el incumplimiento de los objetivos fijados para el anterior modelo, en materia de refuerzo de prestaciones del Estado de Bienestar, incremento de equidad, suficiencia en la financiación de competencias, aumento de autonomía y corresponsabilidad fiscal y mejora de la dinámica y estabilidad del sistema.
En concreto, sobre la corresponsabilidad fiscal, ha indicado que «no puede haber corresponsabilidad fiscal mientras no exista financiación homogénea entre todas las comunidades autónomas».
«Todas las CCAA están de acuerdo en que es malo»
Moragues ha remarcado que «todas las comunidades autónomas están de acuerdo en que el actual modelo es malo, injusto, discriminatorio, insuficiente, complejo, opaco y retorcido» de modo que, a su juicio, «se ve claramente la necesidad de cambiar el actual modelo».
«Si es malo, hay que cambiarlo», reivindica el conseller, quien defiende que el nuevo sistema se base en la ruptura del statu quo, utilice la población como criterio de reparto de fondos -a lo que agrega que están de acuerdo en contemplar envejecimiento y edad escolar-, financie a personas y no a territorios, sea retroactivo a 1 de enero de 2014 y, sobre todo, «garantice la prestación de servicios en igualdad de condiciones independientemente de donde viva, como sucede con las pensiones o la prestación por desempleo».
Al respecto, incide en la «injusticia» de las «diferencias inexplicables e injustificables» de hasta 900 euros en financiación per cápita del modelo actual y mantiene que la dispersión geográfica y los criterios que defienden otras autonomías «en ningún caso justifican diferencias de 900 euros per cápita entre las comunidades autónomas de régimen común» y, en caso de querer que se tengan en cuenta, «se tienen que probar, justificar y evaluar su coste».
«Dar servicio de calidad al menor coste posible»
A su juicio, el nuevo modelo de financiación tiene que ocuparse asimismo de la eficiencia en la prestación de servicios, al considerar que las autonomías deben «dar servicio de calidad al menor coste posible, pero recibir lo suficiente para prestar en igualdad de condiciones entre comunidades autónomas».
Frente a los distintos fondos existentes dentro del actual sistema, se ha mostrado partidario de que en caso «de existir un fondo, que simplemente haya uno y sirva de nivelación entre todas las comunidades autónomas y garantice que se preste el servicio en igualdad de condiciones en toda España».
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