El gobierno de Alberto Fabra maltrata a los discapacitados. Les roba, ningunea, humilla y, además, les ignora. La ley del copago que entró en vigor en enero de 2014 es inhumana. Está bien que los que más paguen sean los que más tienen, incluso al contrario, que el maltratado sea el autónomo mileurista. Pero el que no puede valerse por si mismo no. Ellos son intocables.
La ley, aprobada con alevosía el 2 de agosto de 2013, cuando todos los centros de atención al discapacitado estaban de vacaciones, condena a muchos usuarios discapacitados de servicios de atención a tener que prescindir de ellos. Y los que no lo hacen, a convertirse en pagadores. Con ese escenario, Fabra y su consell de despiadados recurren a la vieja táctica de la rancia derecha: la privatización. En este caso, no es tal, pero como si lo fuese, pues son los esquilmados usuarios los que acaban sufragando los gastos que se generan en el centro al que acuden. Y además, pagando por adelantado. O pagas o mañana no vuelvas. Y como faltes al compromiso, a la lista de morosos.
En eso se han convertido los directores y directoras de centros de ayuda al discapacitado. En carceleros por culpa del President. Y para él, un problema menos que gestionar, que así no se aprecia su manifiesta incapacidad.
De no ser por los usuarios que aún acuden a los centros, muchos hubieran tenido que cerrar. A continuación, Valencia News está en disposición de contarles un caso concreto de cómo queda la economía mensual de un discapacitado después de la Ley del Copago.
Ingresos:
407 euros por orfandad (14 pagas) y 362 (12 pagas) de pensión no contributiva por hijo a cargo.
Esto es:
457 x 14 = 6.398
312 x 12 = 3.744
Total: 10.142 euros.
Gastos:
Piso tutelado: 596 más 50 euros de dinero en metálico, total: 646 euros.
Esto es: 646 x 14 = 9.044 euros.
En total, 1.098 euros disponibles al año porque el resto es para pagar el centro que le da ayuda por ser discapacitado. Ahora, sumen gastos médicos (y los gastos derivados que éstos conllevan como pañales, gafas, pastillas, dentistas, que también tienen que pagar porque la ley incluye también copago sanitario), ropa, algún refresco un día de julio de 30 grados, excursiones.
Así pues, una persona discapacitada media paga por que la atiendan casi la totalidad de lo que recibe como ayudas públicas. Y le queda menos de un 10% de esas ayudas para poder hacer vida normal.
Así se las gasta la administración de Alberto Fabra. Pero en la comunidad hay ayuntamientos que todos esos gastos los están asumiendo como propios para no grabar a los usuarios con discapacidad. El ayuntamiento de Valencia, sin ir más lejos. Luego habrá preguntas de por qué Rita es popular y a Fabra no lo pueden ver ni en su Castellón natal.
A continuación pueden descargar el manifiesto de FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo) en contra de esa ley.