La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana deberá actuar con «extremada» prudencia y control de riesgo para reanudar «poco a poco» su actividad de avalar la financiación de las pymes, según el plan de viabilidad establecido para los próximos cinco años.
Así lo han afirmado los consellers de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y de Economía, Máximo Buch, antes de la firma del aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que garantiza la refinanciación de la SGR por un importe de 200 millones de euros en una operación en la que participa un conjunto de 35 entidades de crédito.
La firma del aval ha permitido a la SGR evitar el concurso de acreedores, que ya había solicitado y que podría haber llevado a su disolución. «Gracias a la Generalitat, sobrevive la SGR y tiene futuro», ha declarado Moragues.
El plan de viabilidad de la entidad prevé su saneamiento y reducir sus niveles actuales de riesgo vivo, que a cierre de 2012 fue de 1.092 millones de euros, y al mismo tiempo seguir avalando a las pymes para la obtención de crédito. El aval incluye una condición que vincula su validez a la decisión definitiva que adopte la Comisión Europea, que deberá dictaminar si se trata o no de una ayuda de Estado compatible.
Moragues ha defendido que el aval «casa» con la naturaleza de ayuda compatible, y ha recordado que la Generalitat ha establecido mecanismos de control de la actividad de la SGR en dos niveles: por un parte el IVF ejercerá las funciones de supervisión y control permanente de la sociedad y se nombrará un supervisor externo para el cumplimiento del plan de viabilidad.
El Gobierno valenciano ha tratado de justificar a la Comisión Europea que la ayuda pública «en ningún caso distorsiona» el mercado, permite que se facilite el crédito y supone un apoyo en beneficio de la economía valenciana. Además se establece una limitación en cuanto a los riesgos cubiertos por garantías públicas de la Generalitat dentro del total de los riesgos avalados, de modo que en ningún momento superen el 50 %.
El plan fija unos límites en el volumen de nuevas operaciones y en el riesgo vivo de la SGR que, según Buch, puede seguir realizando operaciones con pymes «de bajos importes y riesgo controlado». Uno de los criterios para ello será contar con el reaval de CERSA, sociedad estatal de reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las sociedades de Garantía Recíproca, que supondrá reducir a niveles bajos el riesgo que asume la entidad valenciana.
Ambos consellers han destacado las dificultades que ha tenido lograr el acuerdo de refinanciación, que ha sido un proceso «muy complicado y lleno de vicisitudes» y «muy complejo» en el que se ha tenido que coordinar las posturas del Ministerio de Hacienda, el Tesoro, el Banco de España, la Comisión Europea, la propia Sociedad y la Generalitat.
Al final se ha alcanzado «una solución que permite la continuidad» de la SGR y, por tanto, permite mantener la actividad de más de 9.000 empresas socias, en su mayoría pymes, que han aportado 78,6 millones de euros al capital de la entidad.
Si no se hubiese llegado a este acuerdo, «habrían aflorado muchas pérdidas a 9.000 empresarios y para la Generalitat a corto, medio y largo plazo por cantidades considerables», ha asegurado el conseller de Hacienda.
Preguntado si ahora se abrirá una investigación para determinar los «agujeros» en la gestión que llevaron a pérdidas, el conseller ha afirmado que la entidad supervisora es el Banco de España y que, no obstante, el IVF va a desarrollar una labor de control interno de la actividad diaria.
El conseller de Economía, por su parte, ha agregado que con la destitución del director general de la entidad, Juan Manuel García Puchol, y la sustitución del equipo gestor -que ahora preside Dolores Cortés-, las responsabilidades de la etapa anterior «han quedado cerradas».
Entre las entidades financieras que han suscrito la refinanciación están Sabadell, Bankia, BBVA, Deutsche Bank, Santander, CaixaBank, Banco Espirito Santo, Triodos, varias cajas rurales y Caixa Ontinyent.