Un consejo independiente, régimen sancionador propio y silencio administrador positivo. Estos tres elementos muestran la voluntad de que la Ley de Transparencia sea una medida efectiva con mecanismos que la refuerzen, como los mencionados. Lo ha anunciado el Vicepresidente y Conseller de Presidencia, José Ciscar, tras reunirse con los portavoces parlamentarios para abordar ese documento, con intención de «buscar el máximo consenso».
De los cambios introducidos, algunos planteados por la oposición, ha destacado la independencia del Consejo de Transparencia, encargado de evaluar el cumplimiento de esa ley, de modo que «no esté compuesto mayoritariamente por cargos de la administración», sino que «sea una representación lo más fidedigna posible de la sociedad civil».
Respecto al régimen sancionador autonómico, ha asegurado que «nunca será menos exigente que el de la ley estatal», sino «seguramente más, como lo es la ley de transparencia, que va mucho más lejos que la ley estatal y cualquier administración autonómica».
Además, Císcar ha avanzado que «próximamente» publicarán en el portal GVA Oberta las 135 propuestas ciudadanas recibidas en el trámite de información pública y las estudiarán para incorporar todas las que legalmente sea posible. También darán a conocer en ese espacio las razones para incorporar o dejar fuera estas propuestas.
Ante la actitud de la oposición ha expresado su deseo porque lleguen a un acuerdo ya que se está frente a «una de las leyes más importantes de la legislatura».