Las deudas estrangulan a 61 ayuntamientos valencianos

La Comunitat Valenciana aglutina 61 ayuntamientos con problemas financieros de los 518 registrados a nivel nacional, para los que se van a aplicar medidas extraordinarias. Asimismo, 3.457 consistorios tienen superávit y podrán destinar fondos a inversiones.

Con el fin de ayudar a las administraciones locales, se estudiará la situación de cada ayuntamiento “caso por caso” para adoptar un plan individualizado para cada uno de ellos que incluya todas o parte de las medidas contempladas por el Gobierno. “Todo enmarcado en la condicionalidad porque el objetivo es recuperar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las corporaciones locales”, ha explicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Algunas de las medidas con las que el Ejecutivo podría ayudar a estas entidades locales estarían dentro de su participación en los tributos del Estado, con anticipos o aplazamientos de reintegros que deban realizar, o con las deudas generadas con acreedores públicos, flexibilizando la concesión de los fraccionamientos de pagos tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social. Además, estos municipios podrían disfrutar de excepciones en el régimen de endeudamiento o la financiación de remanentes de tesorería negativos. 

A cambio, deberán cumplir con un plan de ajuste para reducir gastos de funcionamiento, establecer un nivel de presión fiscal cercano a la media en aquellos casos que se encuentre por debajo, “que son muchos”, según Beteta, o la limitación de no poder constituir ni participar en la constitución de nuevos entes u organismos públicos.

Otras de las medidas que podrán exigirse a los municipios son la prohibición de ir “encadenando” prórrogas presupuestarias más allá de un año o la supervisión del destino de la liquidez obtenida dentro de una cuenta bancaria que será de titularidad de la entidad local pero restringida. “Su destino será supervisado por la Secretaría general de Coordinación Autonómica y Local, la liquidez obtenida deberá ser destinada a aminorar el importe de las obligaciones pendientes de pago”, ha señalado Beteta.

Además, los ayuntamientos tendrán que adoptar un compromiso previo de transparencia para facilitar el seguimiento y control de este plan de ajuste. “El incumplimiento de las obligaciones conlleva la anulación de las medidas de apoyo que se les haya otorgado”, ha avisado. 

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