El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) publica este miércoles, 31 de diciembre, la nueva Ley de Salud que, como novedad, reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios, que gozarán por tanto de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.
Esta norma establece que su objetivo es garantizar el derecho a la protección de la salud en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, así como la prevención de la enfermedad y la protección y promoción de la salud individual y colectiva.
Entre otras novedades, contempla que los profesionales sanitarios del Sistema Valenciano de Salud, en el ejercicio de las funciones propias de su categoría, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición. Asimismo, plantea la creación de un Comité de Pacientes para contar con la opinión de los usuarios en la mejora del sistema y simplifica el consentimiento informado.
Se estructura en nueve títulos, en los que se define el Sistema Valenciano de Salud como organización y se establecen las prestaciones sanitarias a las que pueden acogerse los valencianos, que se acuerdan en el Consejo Interterritorial.
También recoge las directrices en materia de salud pública y drogodependencias; concreta los derechos y deberes del ciudadano en el ámbito de la salud y define la capacidad interventora de la administración sanitaria a la hora de controlar y sancionar aquellos aspectos que afectan a la salud individual y colectiva de la población.
En materia de Salud Pública, se reconoce de forma expresa la adicción a las nuevas tecnologías, tales como teléfono móvil, internet, videojuegos y contenidos virtuales, que deberán tratarse en las Unidades de Conductas Adictivas (UCAS) y se limita el uso de cigarrillo electrónico a lo dispuesto en la normativa estatal. En el ámbito laboral, se contempla que en los programas de prevención participen las organizaciones empresariales, sindicales, servicios de prevención y comités de seguridad y salud.
En materia de aseguramiento sanitario, se continúa con la adaptación del Sistema de Información Poblacional (SIP) al nuevo modelo de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud, así como la consolidación y completa integración funcional con la base de datos de tarjeta sanitaria única del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por último, se han unificado los diversos regímenes sancionadores concurrentes en materia de ordenación y asistencia sanitaria, salud pública y drogodependencias. A tal efecto, se ha dispuesto una regulación común sobre prescripción de infracciones y sanciones, criterios de graduación, sujetos responsables y procedimiento sancionador.
Además, se establecen por ley los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores y que los padres, tutores, acogedores y guardadores legales, por este orden, deberán responder solidariamente con los menores de edad del pago de las indemnizaciones y sanciones derivadas de las infracciones cometidas por ellos.