Los rayos de sol pasan por caja

Así se desprende del Real Decreto (RD) sobre autoconsumo y producción con autoconsumo que incluye, asimismo, importantes sanciones para los que recurren a este tipo de producción de electricidad renovable propio y no se inscriban en este nuevo registro.

Las organizaciones de consumidores y las asociaciones de ecologistas se muestran muy críticos con la novedad y aseguran que responde a una exigencia de las grandes compañías eléctricas al cortar con este «peaje» cualquier iniciativa de autonomía energética de los consumidores.

 

Consecuencias

La nueva regulación va a obligar a muchas personas a quitar sus placas solares «aunque también, tendrá el efecto contrario: hará que otros decidan no cumplir la norma y pasarán a ser considerados como delincuentes solares, pues a pesar de que el sol pertenece a todos, España pasará a ser el primer país del mundo donde éste no pueda usarse libremente», aseguran fuentes de la Unión de Consumidores, que ven en «Iberdrola y UNESA» a los artífices de esta regulación «ratificada mediante un texto legal por el Gobierno».

Greenpeace y el resto de organizaciones ecologistas han trasladado «su rechazo frontal» al Gobinero, y aseguran que «van a seguir trabajando para tratar de que España regrese a la senda que lideró, y que ahora es seguida por países como Alemania o Dinamarca, que tienen como prioridad contar con un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable lo antes posible».

No obstante, el Ejecutivo lo justifica porque no existe registro oficial de «autoconsumo» y cuando no hay sol o viento, tanto particulares como empresas que recurren a este tipo de energía tienen que engancharse a la red y pagar la factura normal.

El Gobierno podrá subir o bajar la cuantía de este «peaje» en función de la evolución del mercado de autoconsumo, cuya última norma data es de 2011. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) asegura que el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional. 

La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.

 

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