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Malabarismos en los presupuestos

Al Consell le cuesta hacer malabares para cuadrar los presupuestos anuales ante el castigo de la financiación autonómica. El Consell tiene la obligación de defender los derechos de los cinco millones de valencianos y valencianas ante los recortes de derechos y de las políticas del PP.  No obstante, el mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que volverá a incluir en el Presupuesto de 2017, como ingresos, los 1.300 millones que deberían de llegar a la Comunitat a través del sistema de financiación.

Esta partida, catalogada por el PP de mero postureo, es una decisión que implica la reivindicación y defensa de los derechos básicos de los ciudadanos. Y que así siga siendo hasta que haya un nuevo modelo de financiación que no maltrate a esta comunidad autónoma y que, además, equipare en derechos a los valencianos con la media nacional.

Si en el ámbito político quieren utilizar el tema como filón electoral, que lo hagan, ya nos tienen acostumbrados. Pero, al menos, que esta medida contribuya a no dejar desatendido a ningún desempleado, ni a dependientes, garantizar la sanidad universal o acabar con el copago. La realidad es que la inclusión de los 1.300 millones en las cuentas de  2016 consiguieron aminorar lo recortado en derechos y a sanear parte de la economía valenciana.

Ya hemos tenido que sufrir suficientes recortes como consecuencia del despilfarro, la corrupción y la mala gestión del PP. Por eso, la postura del Consell de Ximo Puig demuestra una actitud totalmente responsable, coherente con la defensa de los valencianos y que implica no ser sumisos ante la exigencia de recortes en derechos básicos.

 

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