Que las relaciones entre el ministro de Hacienda y el Consell no son buenas es harto conocido. Las reiteradas llamadas de los emisarios de Montoro a que las autonomías con problemas para sujetarse a un límite de déficit concreto hagan más recortes fue respondida esta semana por el presidente Fabra en Les Corts con la contundente proclama de que no estaba dispuesto a aceptar más sacrificios para los valencianos “lo pida quien lo pida”.
Pues después de eso el ministro ha insistido en su tesis vetando inicialmente la devolución de la extra de 2012 a los funcionarios valencianos. Concretamente Montoro ha confirmado en el Congreso que el Gobierno del que forma parte tiene intención de devolver a los funcionarios de la Administración General del Estado la cuarta parte de la paga extraordinaria que les fue abonada en 2012. Y que será habilitado un sistema para que otras administraciones en referencia sobre todo a las autonómicas puedan hacer también dicha devolución. Pero que no se lo permitirá a todas, porque algunas están todavía “muy lejanas” de los objetivos de déficit marcados para ellas por su departamento. Y precisamente una de las afectadas es la Comunidad Valenciana.
Posteriores matizaciones de la Consellería de Hacienda han dado a entender que si Madrid no deja que pague Valencia lo tendrá que hacer ella, pero que los funcionarios valencianos cobrarán. La consellera portavoz, María José Catalá, ha matizado sin embargo este viernes, tras el pleno del Consell, que “tenemos autonomía para pagarla”.
Por tanto, habrá que ver ahora qué medidas adopta el Consell de Alberto Fabra para impedir la ejecución de la decisión de Montoro, teniendo en cuenta que el pasado día 16 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Generalitat, de personal funcionario, estatutario y laboral, sobre el abono de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Acuerdo ratificado el 9 de junio por la Conselleria de Hacienda y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y FSES. Dicho acuerdo contempla la devolución, como máximo en la nómina de enero de 2015, de las cantidades devengadas.
Pero los desencuentros entre Consell y Hacienda no se quedan ahí. Preguntada Catalá por la ausencia de noticias sobre la reunión que los reivindicativos empresarios valencianos han pedido a Montoro con la intermediación de Alberto Fabra, la ha calificado de “decepción”.
La próxima semana, cuando se conozcan al detalle los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, y el tratamiento que en ellos se da a la Comunidad Valenciana, podemos encontrarnos ante un nuevo motivo de fricción entre las administraciones autonómica y central. Y la valenciana, a siete meses de las elecciones, podría plantearse presentar enmiendas a los PGE para al menos salvar la cara ante su electorado, harto de la discriminación que la Comunidad padece. De hecho hoy la conselleraportavoz ha confirmado que “no renunciamos a nada”.